Han pasado tres años desde que el equipo de gobierno del alcalde Escobar ordenó eliminar el carril bici de la avenida de Portugal, una de las decisiones más polémicas de la legislatura en materia de movilidad urbana. El PSOE ha aprovechado este aniversario para hacer balance, y las cifras no invitan al optimismo: cinco personas atropelladas en el último año y cerca de ocho millones de euros en fondos europeos devueltos.

La supresión de ese eje ciclista fue una promesa electoral del PP que se ejecutó en agosto de 2023, sin comunicación previa y en plenas vacaciones de verano. La decisión acabó desencadenando un enfrentamiento directo con el Ministerio de Transportes, que advirtió de la obligación de restituir las ayudas europeas vinculadas al proyecto de movilidad sostenible heredado del anterior gobierno municipal. Finalmente, el Ayuntamiento tuvo que reintegrar 2,25 millones de euros en concepto de subvención e intereses de demora solo por las actuaciones de Portugal, Sagasta y el voladizo del puente de la A-13.
El concejal socialista Álvaro Foncea ha sido el encargado de presentar este diagnóstico, recordando que en el último año se han producido tres siniestros en esa avenida, con un total de cinco víctimas, dos de ellas en cada uno de los dos últimos accidentes.
Más allá de la avenida de Portugal, Foncea ha denunciado que la política municipal de movilidad de estos tres años ha seguido una línea coherente con aquel primer paso: modificaciones en Sagasta y Duquesa de la Victoria que han encareciado obras y reducido su alcance, la no ejecución de la ampliación ciclopeatonal de la A-13 pese a contar con financiación europea, y cambios en la conexión ciclista con Lardero que eliminaron una rotonda de seguridad vial prevista en el proyecto original.
El balance socialista se cierra con un dato que el propio PSOE califica de paradójico: justo en este tercer aniversario, el PP ha aprobado la adjudicación de una nueva glorieta en el centro de la ciudad, una actuación que, según Foncea, generará más tráfico, más contaminación y menos espacio para peatones.
Tres años después de aquella polémica decisión veraniega, el debate sobre la movilidad sostenible en Logroño sigue abierto, con cifras de accidentalidad y de dinero público perdido que el principal grupo de la oposición no está dispuesto a dejar caer en el olvido.
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