La Unión de Consumidores de Asturias ha puesto sobre la mesa del ministro de Transportes, Óscar Puente, una carta exigiendo respuestas sobre la autopista del Huerna, la AP-66, y reclamando que se revise la prórroga de concesión que mantiene a Aucalsa al frente del peaje hasta el año 2050.
El presidente de la organización, Dacio Alonso, no ha escatimado en críticas. Según señala, la ampliación de 29 años que se otorgó a Aucalsa mediante un Real Decreto del año 2000 se concedió «a dedo», sin concurso público ni ningún tipo de transparencia. Aquella decisión derivó en una denuncia que llegó hasta Bruselas y provocó que la Comisión Europea abriera un expediente de infracción contra España por incumplir las normas de contratación pública.
Los consumidores asturianos han lanzado una pregunta directa al ministro: si Puente defiende que mantener esa prórroga responde al «interés general», ¿no sería más acorde con ese interés respetar el derecho europeo?
Pero la polémica no se queda en lo jurídico. UCE Asturias también ha puesto el foco en lo que han vivido los conductores desde noviembre de 2024. Según sus cálculos, más del 40 por ciento del trazado ha estado afectado de forma simultánea por los desvíos del desprendimiento y por las obras de renovación de los túneles, financiadas con fondos europeos.
Lo que más indigna a la organización es que, durante todo ese tiempo, los usuarios han seguido pagando el peaje completo: 16,20 euros. Sin descuentos, sin compensaciones, sin negociación visible entre el Ministerio y la concesionaria.
A eso se suma el retraso escandaloso de las obras. Los trabajos en los túneles debían haber concluido en diciembre de 2025 y, a las puertas de septiembre de 2026, siguen sin terminar. El último episodio fue el desprendimiento de placas en el túnel de El Negrón el pasado fin de semana, que obligó a cortar la autopista y mandar a los conductores por el puerto de Pajares.
La carta también toca otro asunto relevante: el Ministerio se ha personado en el expediente sancionador de 1,1 millones de euros que la Dirección General de Consumo del Principado tiene abierto contra Aucalsa, precisamente a raíz de una denuncia de UCE Asturias. La organización ve este paso con buenos ojos, esperando que el Ministerio deba explicar públicamente su postura ante los instructores del caso.
Los asturianos que usan el Huerna llevan meses pagando por un servicio que no funciona. Ahora exigen, al menos, que alguien les explique por qué.
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