Las dos principales organizaciones ecologistas de las Islas Baleares han alzado la voz esta semana para exigir al Govern medidas concretas y urgentes frente a la saturación turística que sufre el archipiélago. La posición de ambas entidades coincide, además, con la que ya trasladó Aena: la pelota está en el tejado de la administración autonómica.
El president del GOB, Joan Moranta, fue claro durante la rueda de prensa en la que se presentó la cadena humana ‘a la fresca’ prevista para este sábado. Según explicó, de poco sirven los llamamientos a la responsabilidad individual de los visitantes si el territorio sigue ofreciendo capacidad de alojamiento sin límite. «Si la gente quiere venir, seguirá viniendo», afirmó, apuntando directamente a las plazas turísticas como el nudo del problema.
Para el GOB, la única vía efectiva pasa por reducir esa oferta de forma drástica. «Podemos limitar la entrada de pasajeros a partir de lo que hacemos aquí», añadió Moranta, descartando que las medidas de contención en solitario sirvan para algo: «A nosotros el tema de la contención no nos vale para nada».
Desde Terraferida, la representante Antònia Fuster apuntó en la misma dirección, aunque cargó las tintas sobre la falta de voluntad de los responsables políticos. En su opinión, el Govern y el Consell de Mallorca disponen ya de herramientas suficientes para atajar la masificación, pero no las utilizan. «Es cuestión de voluntad política», resumió sin rodeos.
Ambas organizaciones coinciden en señalar dos frentes de actuación prioritarios: la eliminación de plazas turísticas regladas y el combate decidido contra la oferta ilegal, que sigue alimentando la llegada de visitantes por canales que escapan a cualquier control.
El debate llega en plena temporada alta, cuando las islas acumulan semana tras semana cifras récord de turistas y los vecinos de muchos municipios denuncian una presión insostenible sobre los servicios, las playas y los espacios naturales.
La exigencia al Govern es compartida y rotunda: las competencias en materia turística son suyas, y también la responsabilidad de actuar. Las entidades ecologistas advierten de que seguirán movilizándose si la administración no toma medidas estructurales más allá de los discursos y los planes de contención que, según denuncian, no han dado resultados reales sobre el terreno.
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