La Coordinadora Ecologista de Asturias ha denunciado públicamente que el Ayuntamiento de Cudillero permitió el baño en la playa de San Pedro de Bocamar el pasado miércoles a pesar de que los análisis oficiales confirmaban niveles peligrosos de bacterias fecales en el agua.
Los controles sanitarios realizados el 26 de agosto detectaron concentraciones anómalas de Enterococo intestinal y Escherichia coli, dos microorganismos indicadores de contaminación por aguas residuales. Según los ecologistas, el consistorio recibió esa comunicación pero no adoptó ninguna medida, dejando que los bañistas siguieran entrando al agua con total normalidad cuando la playa debería haber permanecido cerrada por precaución.
La organización califica la actitud municipal de inaceptable y exige que el Ayuntamiento cumpla con su obligación legal de informar a los usuarios de forma inmediata cuando la calidad sanitaria del agua no reúne las condiciones mínimas.
Pero el problema va más allá de lo ocurrido este verano. Desde Coordinadora Ecologista insisten en que no se trata de un episodio aislado, sino de una situación que se repite cada temporada estival. El origen, según señalan, está en una red de saneamiento de aguas residuales con graves deficiencias estructurales que no soporta la carga extra que genera el turismo en los meses de más afluencia.
A ello se suma otra crítica de fondo: el sistema de vigilancia de las costas asturianas se considera claramente insuficiente. En las playas del Principado únicamente se analizan dos parámetros microbiológicos, los mismos que se han detectado ahora fuera de los límites permitidos. El resto de contaminantes posibles, con sus correspondientes riesgos para la salud pública, quedan sin control ni seguimiento.
Los ecologistas han pedido a las administraciones competentes que refuercen de manera urgente la supervisión sobre la red de saneamiento y amplíen el abanico de análisis que se practican en las zonas de baño del litoral asturiano.
El caso de San Pedro de Bocamar vuelve a poner sobre la mesa una realidad incómoda para muchos municipios costeros: la presión turística estival desborda unas infraestructuras que llevan años reclamando una inversión seria. Mientras tanto, son los bañistas quienes pagan las consecuencias, en este caso sin siquiera haber sido avisados del riesgo.
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