La Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria tiene un plazo de veinte días para facilitar a Comisiones Obreras la información que el sindicato lleva tiempo reclamando sobre los conciertos educativos suscritos en los últimos tres cursos escolares. Así lo ha determinado el Consejo de Transparencia, que ha dado la razón a la organización sindical en su solicitud de acceso a datos públicos.
La información que Educación deberá entregar incluye el número de aulas concertadas, el alumnado matriculado en cada centro y la fecha exacta en la que se formalizaron los acuerdos. Todo ello referido a las etapas de Educación Infantil, Bachillerato y Formación Profesional, tres niveles sobre los que el sindicato considera necesario un mayor control y supervisión por parte de la ciudadanía.
Los conciertos educativos son acuerdos mediante los que la administración pública financia centros privados para que ofrezcan plazas escolares en condiciones similares a las de la enseñanza pública. Su gestión y alcance han generado un debate recurrente en Cantabria, especialmente en lo que respecta a la transparencia con la que se gestionan los recursos públicos destinados a este fin.
Desde Comisiones Obreras entienden que conocer estos datos es fundamental para poder hacer un seguimiento real de cómo se distribuye la financiación educativa en la región y qué centros se benefician de estos acuerdos con la administración.
La resolución del Consejo de Transparencia supone un respaldo institucional a la demanda sindical y pone de manifiesto que la Consejería no había atendido en tiempo y forma la solicitud de acceso a la información. Ahora, el reloj corre en su contra.
Si transcurrido el plazo fijado Educación no cumple con lo ordenado, el sindicato podría iniciar las acciones legales oportunas para exigir el cumplimiento de la resolución. Una situación que, de producirse, no haría sino aumentar la presión sobre una consejería que deberá dar explicaciones sobre su gestión de los fondos concertados.
La transparencia en la educación vuelve así a situarse en el centro del debate en Cantabria, recordando que el derecho de los ciudadanos a saber cómo se gastan los recursos públicos no es negociable.
