Un agricultor jubilado deberá reintegrar a la Seguridad Social un total de 46.837,14 euros después de que el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja confirmara que compatibilizó ilegalmente su pensión con una actividad agraria por cuenta propia durante seis años.
El jubilado comenzó a percibir su pensión en 2014, pero no abandonó su trabajo en el campo. Para evitar ser detectado, ideó una treta: puso la explotación agraria a nombre de su mujer, quien a su vez cobraba una prestación por incapacidad permanente. De este modo, él seguía labrando la tierra sin aparecer como titular de la actividad y sin cotizar a la Seguridad Social.
La maniobra funcionó durante años, hasta que varias inspecciones destaparon el esquema. En 2020, la Seguridad Social suspendió la pensión y reclamó la devolución de todas las cantidades cobradas de forma indebida desde que se inició el fraude.
El afectado no aceptó la resolución y acudió a los tribunales. Su defensa se apoyó en el artículo 213.4 de la Ley General de la Seguridad Social, que permite compatibilizar la jubilación con trabajos por cuenta propia siempre que los ingresos no superen el Salario Mínimo Interprofesional.
Sin embargo, el tribunal rechazó ese argumento. Los magistrados recordaron que ese mismo artículo establece con claridad que la pensión de jubilación es incompatible con el trabajo del pensionista, y subrayaron que en este caso no se trataba de una situación límite, sino de un fraude deliberado y planificado.
La sentencia describe expresamente que el jubilado urdió un plan para engañar al sistema, usando a su esposa como pantalla legal. Queda así acreditado el dolo en la conducta, lo que elimina cualquier margen de duda sobre la intención del condenado.
El fallo se sustenta además en el artículo 55 de la misma ley, que obliga a devolver íntegramente las prestaciones percibidas de forma indebida.
El resultado es una deuda de 46.837,14 euros que el jubilado deberá abonar a la Seguridad Social, una cifra que refleja los años acumulados en los que cobró sin tener derecho a ello.
El caso sirve de recordatorio sobre los límites legales que rodean a las pensiones de jubilación y sobre la capacidad de la Seguridad Social para detectar situaciones irregulares a través de sus mecanismos de inspección.
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