Los alcaldes de varios municipios del valle del Cuco, en la provincia de Valladolid, han mostrado su indignación ante la restricción de tráfico que les ha impuesto la Junta de Castilla y León tras la apertura parcial de la Autovía del Duero (A-11). La prohibición de girar desde Pesquera hacia el valle ha convertido los desplazamientos cotidianos en un auténtico calvario para sus vecinos.
La puesta en servicio de 31 kilómetros de la A-11, que conecta los tramos Tudela-Olivares-Quintanilla, ha traído consigo la colocación de bolardos que impiden el acceso directo al valle desde Pesquera. Una medida que, según los regidores afectados, no tiene ningún sentido práctico y castiga especialmente a quienes viven de la agricultura.
Diego Gonzalo, alcalde de Corrales de Duero, lo explica sin rodeos: quienes bajan de Pesquera no pueden entrar directamente al valle y deben desviarse hasta Peñafiel para dar la vuelta, en un punto donde además no hay rotondas. Lo más llamativo, señala, es que la Junta ha prohibido el giro de acceso a los pueblos pero ha mantenido abiertos los accesos a caminos, tierras y bodegas a lo largo de esa misma carretera. «Es muy curioso, toda la carretera sigue igual, menos nuestro acceso», lamenta el alcalde, quien califica la situación de «rocambolesca, de Berlanga» y «kafkiana».
La Delegación Territorial trasladó a los alcaldes, en una reunión celebrada en Valladolid, que estudiará en un plazo de dos meses si retira los bolardos, dependiendo del comportamiento del tráfico. Mientras tanto, los vecinos deberán asumir rodeos de hasta doce kilómetros para hacer trayectos que, en condiciones normales, serían de apenas uno.
El problema se agrava con los vehículos agrícolas. Tractores y camiones con remolque tienen especiales dificultades para completar estas rutas alternativas, poniendo en evidencia que la medida no encaja con la realidad de una zona eminentemente rural.
César Augurio, alcalde de San Llorente, entiende que la Junta actúa con lo que marca la ley, pero apunta directamente a «la mala planificación del Ministerio», cuyas vías no estarían preparadas para absorber el tráfico generado por la nueva autovía. Por su parte, Ángel Mínguez, alcalde de Curiel de Duero, resume el sentir general: «¿Qué vamos a hacer? Resignarnos».
Los vecinos, mientras tanto, esperan que ese plazo de dos meses no se convierta en una espera indefinida. La apertura de una autovía que debería facilitar la conectividad ha terminado, al menos de momento, recortando la movilidad de quienes llevan toda la vida transitando esos caminos.
