La Coordinadora de Mujeres de Valladolid se plantó este lunes frente al Centro Municipal de Igualdad con pancarta en mano para reclamar que el baremo de acceso a las viviendas municipales de VIVA recupere el término «violencia de género», suprimido recientemente del documento en favor de la expresión «violencia doméstica».
La concentración tuvo lugar coincidiendo con la reunión del Consejo Municipal de las Mujeres con el Ayuntamiento de Valladolid, aunque las representantes de la plataforma salieron de ella sin las garantías que buscaban y a la espera de que se produzcan cambios concretos.
Yolanda Martín, portavoz de la coordinadora, fue clara en su mensaje: «No estamos de acuerdo porque son dos conceptos jurídicos diferentes y esto deja a víctimas de violencia de género fuera». Para Martín, las declaraciones del alcalde Jesús Julio Carnero asegurando que las mujeres recibirían las ayudas si cumplían los requisitos no son suficientes. «Más allá de las promesas, las palabras se las lleva el viento», advirtió.
La plataforma no solo pide la restitución del término, sino también una explicación sobre su eliminación. «Pedimos que se aclare por qué se ha quitado, si ha sido algo ideológico, y sobre todo que nos digan en qué informes jurídicos se han basado para hacer este borrado y si se ha hecho un estudio de impacto de género», subrayó Martín.
Paula Granado, otra representante de la coordinadora, puso el foco en las consecuencias prácticas de esta modificación en un documento que calificó de «protocolo social». «Si eliminamos a las mujeres víctimas de violencia de género, nos estamos cargando de un plumazo a muchísimas personas que tristemente sufren esta lacra», lamentó.
Granado propuso una solución tan sencilla como contundente: añadir una conjunción. «Una Y soluciona todo: se puede dejar el concepto de violencia doméstica, pero también tienes que dejar el de violencia de género». Además, recordó que incluir este término no es solo una cuestión de voluntad política, sino también una obligación legal amparada por la Ley 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género.
La coordinadora mantiene la presión sobre el consistorio vallisoletano y anuncia que continuará exigiendo la restitución del término hasta obtener una respuesta formal por escrito.
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