El Pleno municipal de Guadalajara aprobó este viernes de forma definitiva la ordenanza que regulará la transformación de locales comerciales en viviendas, una medida que busca ampliar la oferta habitacional de la ciudad aprovechando los inmuebles que llevan años sin actividad.
La nueva normativa fija las condiciones urbanísticas y técnicas que deberán cumplirse en cada cambio de uso, con el objetivo de garantizar criterios de habitabilidad, accesibilidad, salubridad e integración urbana. Tras resolver las alegaciones presentadas durante su tramitación, la mayoría desestimadas y algunas incorporadas de forma parcial, la ordenanza quedó lista para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, tras lo cual entrará en vigor según los plazos legales.
El concejal de Urbanismo, Alfonso Esteban, defendió que la norma aportará seguridad jurídica tanto a propietarios como a promotores, y que contribuirá a poner en el mercado locales que actualmente permanecen cerrados y sin uso.
Antes de entrar en el orden del día, la alcaldesa Ana Guarinos informó al Pleno de las últimas cifras de violencia de género en España: 36 mujeres asesinadas en lo que va de 2026, 1.377 desde 2003 y 26 menores huérfanos este año. Guarinos expresó el rechazo del Ayuntamiento a esta violencia y el compromiso del municipio con su erradicación.
La sesión también sirvió para aprobar definitivamente la modificación de la plantilla de personal de 2026, con 13 votos a favor de PP y Vox, uno en contra de Aike y 11 abstenciones del PSOE. El acuerdo contempla la creación de una plaza de coordinador de Gestión Presupuestaria y Contratación, y la amortización de otra plaza de técnico de Administración General.
En materia económica, el Pleno conoció que el Ayuntamiento abonó cerca de 1.600 facturas por un importe de aproximadamente 13 millones de euros durante el segundo trimestre, con un periodo medio de pago a proveedores de 48,17 días, dentro del límite legal. El concejal de Hacienda señaló que los datos más recientes sitúan ya ese periodo por debajo de los 30 días.
La sesión cerró con la aprobación de una moción de urgencia conjunta de PP y Vox en apoyo a Ceuta, que salió adelante con los votos de ambos grupos y la abstención de los once concejales del PSOE, y con el rechazo a varias iniciativas presentadas por PSOE y Aike, entre ellas la que pedía paralizar el proyecto de la calle Cardenal González de Mendoza.
