La Comunidad de Madrid dará este miércoles luz verde a una reforma del programa ‘Mi Primera Vivienda’ que amplía considerablemente el número de madrileños que podrán beneficiarse de avales públicos para comprar su primera casa.
Hasta ahora, el acceso a estas garantías estaba reservado a menores de 40 años con capacidad económica pero sin ahorros suficientes para afrontar una hipoteca. Con la modificación aprobada por el Consejo de Gobierno, la edad máxima sube a los 50 años, aunque las condiciones varían según la franja de edad.
Los menores de 40 años seguirán disfrutando del aval completo, es decir, el 100% de la garantía. Para quienes tengan entre 40 y 45 años, el tope se fija en el 95%, y para los solicitantes de entre 45 y 50 años, la cobertura máxima será del 90%.
Otra de las novedades más relevantes es la incorporación de los hogares con hijos menores a su cargo, sin importar la edad de los padres. De esta forma, estas familias quedan equiparadas a las numerosas y monoparentales, que ya podían acceder al programa.
El precio máximo de la vivienda para acogerse a los avales también sube, pasando de 390.000 a 425.000 euros. El Gobierno regional ha actualizado esta cifra teniendo en cuenta la variación del IPC entre 2023 y 2025, adaptando el programa a la realidad actual del mercado inmobiliario madrileño.
Para financiar estas mejoras, la Comunidad destina 25 millones de euros este año. Tras la aprobación en el Consejo de Gobierno, el siguiente paso será formalizar nuevos convenios con las nueve entidades bancarias que participan en el programa: CaixaBank, Ibercaja, Banco Santander, Abanca, ING, Kutxabank, Unicaja Banco, Banco Sabadell y Eurocaja Rural. Se espera que los nuevos beneficiarios puedan empezar a solicitar los avales en cuestión de semanas.
Desde que el programa arrancó en 2022, un total de 8.309 madrileños han logrado acceder a una vivienda gracias a este sistema. La ampliación forma parte del plan de choque 2026-2027 de la Comunidad de Madrid, una estrategia de 15 medidas orientadas a facilitar el acceso a la vivienda, entre las que también figura una reforma de la ley del suelo para reducir los plazos urbanísticos.
Con estos cambios, el Gobierno regional busca dar respuesta a una demanda creciente en una ciudad donde acceder a la primera vivienda sigue siendo uno de los mayores retos para miles de familias.
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