Las patronales hoteleras de Baleares proponen el Registro de la Propiedad para frenar el turismo ilegal

Las tres grandes asociaciones hoteleras de las Islas Baleares han puesto sobre la mesa una iniciativa que podría cambiar la forma en que las administraciones controlan el alquiler turístico no regulado en Mallorca y en el resto del archipiélago.

Las patronales hoteleras de Baleares proponen el Registro de la Propiedad para frenar el turismo ilegal

La propuesta, impulsada de manera conjunta por FEHM, FEHIF y ASHOME, plantea utilizar el Registro de la Propiedad como herramienta de fiscalización y control de los alquileres de corta duración. Una medida que, a juicio del sector hotelero, permitiría identificar con mayor precisión qué viviendas se destinan a uso turístico sin contar con la habilitación legal correspondiente.

La iniciativa llega en un momento en el que la presión sobre el mercado de la vivienda en la isla sigue siendo uno de los principales focos de debate político y social. El alquiler turístico ilegal no solo afecta a la competencia dentro del sector, sino que también repercute directamente en la disponibilidad y el precio de la vivienda para los residentes locales.

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Lo que hace especialmente interesante la propuesta es que no plantea crear nuevos mecanismos burocráticos desde cero, sino aprovechar una institución ya existente y con plena validez jurídica. El Registro de la Propiedad cuenta con información detallada sobre la titularidad de los inmuebles, lo que lo convierte en un punto de partida sólido para cruzar datos con los registros de actividades turísticas autorizadas.

Las patronales consideran que el Govern balear debería estudiar en profundidad esta vía y explorar cómo articular, desde el marco legal vigente, una colaboración efectiva con el Registro. La transparencia registral podría convertirse así en un aliado inesperado en la lucha contra la economía sumergida dentro del turismo.

Desde el sector hotelero insisten en que no se trata de perseguir al pequeño propietario que alquila de forma legal y responsable, sino de poner coto a quienes operan al margen de la normativa, sin pagar tasas, sin cumplir requisitos mínimos de seguridad y, en definitiva, sin contribuir al sistema que sostiene el modelo turístico de las islas.

La pelota queda ahora en el tejado de la administración autonómica. Si el Govern decide dar pasos en esta dirección, Mallorca podría convertirse en un referente en el uso de herramientas registrales para ordenar el mercado turístico, una problemática que comparte con muchas otras ciudades y destinos de toda España.