Los profesionales que desde las torres de vigilancia detectan los primeros indicios de incendio en la provincia de Burgos llevan años enfrentándose a un problema que nadie parece querer resolver: los caminos de acceso a sus puestos están en un estado tan deplorable que llegar al trabajo se ha convertido en una odisea para sus vehículos particulares.

Piedras sueltas de gran tamaño, socavones, badenes imposibles de superar sin dañar los bajos del coche, baches profundos y rampas de vértigo. Esa es la bienvenida diaria que reciben estos trabajadores, que deben subir y bajar de sus torretas unos quince días al mes, a veces en plenas tormentas o bajo intensas nevadas, siempre con su propio coche.
Las consecuencias son tangibles y costosas. Uno de los vigilantes acumula ocho cambios de vehículo en dos décadas de profesión. El año pasado, una compañera reventó el cárter y quemó el motor. Rótulas, amortiguadores, frenos, guardapolvos y ruedas forman la lista habitual de bajas mecánicas. «Cada año hay más averías», denuncian.
Los puntos más críticos se concentran en Valmala, Urrez y Caderechas. En Tablones, la vigilante recuerda que su primer día en prácticas ya acabó con un pinchazo. En Urrez, la falta de cunetas provoca que el agua de escorrentía atraviese el trazado formando badenes que hacen casi intransitable un tramo de apenas cuatro kilómetros. Los últimos mil metros deben completarse a pie porque el cortafuegos final es inabordable en coche.
La responsabilidad, como ocurre con frecuencia en la administración pública, se diluye entre distintas instituciones. La Junta de Castilla y León, competente en materia de medio natural, y los ayuntamientos, titulares de algunos de los montes, comparten la gestión de estos caminos sin que ninguno asuma plenamente su mantenimiento.
En Valmala se han realizado este año algunas labores de rehabilitación, pero los propios afectados reconocen que son insuficientes y que la Junta no ha intervenido. Paradójicamente, los accesos a las torres situadas junto a parques eólicos sí están en buenas condiciones, porque las empresas energéticas mantienen sus pistas.
Estos trabajadores cumplen una función esencial en la prevención de incendios forestales, especialmente en los meses de mayor riesgo. Que deban asumir con su patrimonio personal el coste de acceder a su puesto de trabajo resulta, cuando menos, llamativo. La pregunta es cuántos coches más tendrán que destrozar antes de que alguien lo solucione.
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