El Gobierno asturiano ha remitido a la Fiscalía toda la documentación relacionada con el frustrado traslado de menores no acompañados al barrio ovetense de La Florida, después de que un informe interno revelara una posible vinculación familiar entre el jefe del Servicio de Infancia del Principado y una persona relacionada con la propiedad del inmueble previsto para el alojamiento.
La decisión fue confirmada este miércoles por el propio presidente del Principado, Adrián Barbón, a través de su cuenta en la red social X. El mandatario socialista explicó que el paso se ha dado tras un informe elaborado por la Secretaría General Técnica, cuyo objetivo es facilitar al Ministerio Fiscal el análisis de todas las circunstancias que rodearon el proceso.
El documento enviado repasa la actuación administrativa llevada a cabo, analiza las condiciones del inmueble situado en el Paseo de la Florida y examina la viabilidad del proyecto. Además, recoge expresamente la mencionada relación familiar que habría podido condicionar la elección del local.
El asunto lleva semanas generando polémica en Oviedo y en Avilés. El Principado tenía previsto trasladar a un grupo de menores no acompañados desde su residencia actual en Avilés hasta ese inmueble de La Florida, lo que provocó protestas vecinales en el entorno del barrio. Finalmente, el pasado lunes 31 de agosto, y coincidiendo con la toma de posesión de la nueva consejera de Derechos Sociales, Nerea Monroy, el Gobierno descartó el emplazamiento alegando dudas técnicas y jurídicas.
Fue precisamente en redes sociales donde un usuario interpeló directamente a Barbón sobre la posible conexión entre el responsable de Infancia y la propietaria del local, lo que aceleró la apertura de una investigación interna para determinar si existen responsabilidades.
El presidente asturiano ha subrayado que el traslado de los menores nunca llegó a producirse y que tampoco se formalizó ningún contrato de arrendamiento, precisando que esa gestión habría correspondido en todo caso a la Fundación Diagrama, entidad concertada encargada de la atención a estos jóvenes.
Barbón ha insistido en que su ejecutivo actúa con transparencia total en este asunto, si bien la derivación del caso a la Fiscalía indica que las dudas sobre la gestión son lo suficientemente serias como para requerir un examen externo e independiente.
La investigación interna abierta tratará de esclarecer si hubo algún tipo de irregularidad en la selección del inmueble y si el posible vínculo familiar influyó en las decisiones administrativas adoptadas.
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