Las Ferias y Fiestas de Guadalajara de este año llegan con una nueva controversia antes incluso de que arranquen. Una asociación local de defensa animal ha pedido formalmente al Ayuntamiento que retire del programa oficial la actividad de paseo en burro organizada por la Peña La Crisis, prevista para el miércoles 16 de septiembre a las 16:30 horas en el merendero de San Roque.
La entidad, Guadalajara Antitaurina, argumenta que esta actividad no solo vulnera varias normas de bienestar animal vigentes, sino que contradice un acuerdo aprobado por el propio pleno municipal hace casi diez años.
En noviembre de 2016, el Ayuntamiento de Guadalajara aprobó por mayoría declarar la ciudad como municipio libre de circos y espectáculos con animales. El texto del acuerdo es claro: prohíbe autorizar la instalación en el término municipal de este tipo de eventos. Sin embargo, según denuncia la asociación, año tras año la actividad de la Peña La Crisis sigue apareciendo en la programación oficial sin que las autoridades hayan tomado medidas.
Más allá del acuerdo plenario, Guadalajara Antitaurina cita también el marco legal. La Ley de Bienestar Animal de Castilla-La Mancha de 2020 prohíbe expresamente el empleo de animales atados en atracciones de feria y el uso de animales como reclamo en actividades ambulantes. La ley estatal de 2023 va en la misma línea al vetar el uso de animales en carruseles y atracciones de feria. A esto se suma la Ordenanza Municipal de Guadalajara, publicada en el BOP en abril de 2022, que reconoce a los équidos de ocio como animales de compañía.
La asociación describe así la situación: un burro dando vueltas en un recinto de fiestas, atado, con montura, bajo el calor, el ruido y sin sombra. Para ellos, eso es exactamente una atracción de feria con animal, sin más matices.
Con el objetivo de ampliar la presión ciudadana, Guadalajara Antitaurina ha elaborado un modelo de escrito que cualquier vecino puede enviar por correo electrónico tanto al Ayuntamiento como a la Peña La Crisis. En él se solicita la retirada de la actividad, se piden explicaciones sobre las autorizaciones concedidas y se exige conocer qué controles de bienestar animal se han llevado a cabo.
La pelota está ahora en el tejado del consistorio. La actividad aparece en el programa oficial. La normativa, según los denunciantes, dice otra cosa. Y el tiempo se acaba: quedan apenas dos semanas para que llegue el 16 de septiembre.
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