El Consell de Menorca dio ayer un paso decisivo para frenar la masificación del tráfico en la isla. Populares y socialistas alcanzaron un acuerdo para aprobar la normativa que restringirá la entrada de vehículos en Menorca a partir de 2027, en un ejercicio de diálogo político que tardó apenas 48 horas en dar sus frutos.
El proceso arrancó el lunes, cuando ambos partidos abrieron una ronda de conversaciones para acercar posturas sobre un proyecto que el equipo de gobierno del presidente Adolfo Vilafranca había puesto sobre la mesa. En menos de dos días, el entendimiento se hizo realidad con la aprobación del texto definitivo, que ahora deberá tramitarse en el Parlament balear.
El acuerdo no introduce cambios drásticos respecto a la propuesta inicial del gobierno del PP, pero sí incorpora una modificación relevante: la llamada regla de reciprocidad para los residentes del resto de las Illes Balears. Mallorquines, ibicencos y formenterenses podrán acceder libremente a Menorca con sus vehículos solo cuando las normativas de sus respectivas islas permitan también la entrada libre de los menorquines. Una medida que equilibra derechos y obligaciones entre los territorios del archipiélago.
La votación no fue unánime. La consellera Maite de Medrano y los dos consellers de Més votaron en contra, cada uno por razones distintas. Sin embargo, el respaldo de los cuatro consellers del PSOE fue suficiente para sacar adelante la iniciativa y dotarla de un amplio consenso institucional.
El resultado va más allá de la propia normativa de tráfico. El pacto entre PP y PSOE en el Consell abre una vía de entendimiento que puede facilitar futuros acuerdos en el Parlament, donde la gestión de esta norma tendrá que continuar su camino legislativo antes de entrar en vigor.
Menorca lleva años debatiendo cómo compatibilizar el turismo con la calidad de vida de sus habitantes y la preservación de su entorno. La saturación de vehículos en temporada alta es uno de los problemas más visibles y sentidos por la ciudadanía, y esta normativa se presenta como una respuesta concreta a esa preocupación colectiva.
El reto ahora es mantener el espíritu de diálogo más allá de este primer acuerdo y trasladarlo a otros asuntos que también afectan al día a día de los menorquines.
