La Asociación de Vehículos de Alquiler de Balears (Baleval) ha vuelto a cargar con dureza contra las medidas que pretenden restringir la entrada de coches en Menorca, calificándolas de ilegales y asegurando que no resolverán los problemas de movilidad en la isla.
El presidente de la patronal, Cristóbal Herrera, reaccionó así después de que el pleno del Consell aprobara una propuesta de modificación de la Ley de Reserva de Biosfera con la que se abre la puerta a limitar la entrada de vehículos a partir de 2027.
Herrera no descarta la colaboración del sector si la mayoría ciudadana reclama esas restricciones, pero deja clara su postura: «Denunciaremos todo aquello que entre en conflicto con las normas de competencia y libertad de circulación estatales y europeas». Una advertencia que recuerda a lo ocurrido en Ibiza, donde según la patronal la aplicación de la norma fue un fracaso con incumplimiento de plazos que perjudicó a todas las partes.
Desde Baleval sostienen que la verdadera solución pasa por mejorar las infraestructuras y el transporte público, especialmente tras un crecimiento del 45 por ciento de la población residente en los últimos 25 años. También señalan la falta de aparcamientos y la ausencia de actuaciones en los puntos de mayor congestión como problemas que nadie ha querido atajar de fondo.
Herrera rechazó además que la isla esté saturada en su totalidad y acusó al Consell de no haber realizado ningún estudio serio que analice la situación real. A su juicio, los informes de capacidad de carga presentados hasta ahora parten de una premisa injusta: responsabilizar al rent a car de todos los males.
El respaldo jurídico a la posición de Baleval no es menor. En julio, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia recurrió ante el Tribunal contencioso-administrativo las restricciones de vehículos aprobadas por el Consell de Ibiza y las que rigen en Formentera, lo que refuerza los argumentos legales del sector.
La patronal también denuncia la falta de transparencia del Consell de Menorca en todo el proceso. Ni siquiera han tenido acceso al texto de la norma en desarrollo. Herrera pide que se abra un proceso de diálogo real con las empresas antes de que cualquier medida entre en vigor.
La batalla entre la administración insular y el sector del alquiler de vehículos acaba de comenzar, y todo apunta a que los tribunales tendrán la última palabra.
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