El escándalo en torno a un inmueble del barrio ovetense de La Florida que el Gobierno del Principado de Asturias pretendía destinar a la atención de menores tutelados ha dado un giro inesperado: el expediente ha sido trasladado a la Fiscalía ante la posible existencia de irregularidades graves. La oposición ya ha puesto el foco en el ejecutivo de Adrián Barbón.
El secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto en la Junta General del Principado, Adrián Pumares, exigió este miércoles al presidente autonómico que dé explicaciones públicas sobre lo ocurrido. Pumares considera que la ciudadanía asturiana tiene derecho a saber quién tomó las decisiones, quién estaba al tanto y cómo se llegó a esta situación.
El propio Gobierno del Principado anunció esta semana que renunciaba al proyecto aludiendo a razones técnicas y jurídicas. Sin embargo, la decisión de remitir el expediente a la Fiscalía revela que detrás de ese lenguaje administrativo podría haber algo mucho más serio.
Pumares fue directo al respecto: preguntó públicamente si cuando se habló de esas razones técnicas y jurídicas se estaba haciendo referencia a un posible caso de corrupción.
El parlamentario también quiso saber desde cuándo tenía conocimiento el Gobierno de estas posibles irregularidades, qué controles se aplicaron durante la tramitación del expediente y cómo fue posible que nadie detectara a tiempo una situación que ahora requiere la intervención de la Fiscalía.
El caso coincide además con la reciente salida de Marta del Arco al frente de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, sustituida por Nerea Monroy. Pumares no pasó por alto esta coincidencia y aseguró que la etapa de Del Arco dejó la Consejería sumida en el caos, añadiendo que cada día surgen nuevos motivos que demuestran hasta qué punto era necesario ese cambio.
El diputado de Foro reclamó a la nueva consejera que no se limite a pasar página, sino que asuma la obligación de explicar lo sucedido y depurar las responsabilidades políticas que correspondan.
Pumares insistió en separar el plano judicial del político: la justicia decidirá si hay responsabilidades penales, pero el Gobierno de Barbón debe responder políticamente por lo que calificó como una chapuza que no puede quedar sin explicación.
El affaire del piso de La Florida añade así un nuevo frente de desgaste a un ejecutivo que tendrá que dar respuestas tanto en sede parlamentaria como ante la opinión pública ovetense.
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