La polémica en torno al inmueble que el Gobierno del Principado de Asturias llegó a proponer para albergar a menores tutelados en el barrio ovetense de La Florida no cesa. El Partido Popular ha intensificado su presión sobre el Ejecutivo autonómico exigiendo respuestas concretas sobre las circunstancias que rodearon la elección de ese piso y los posibles vínculos entre su propietario y personal de la propia Administración.
La diputada popular en la Junta General del Principado, Beatriz Polledo, ha pedido al presidente Adrián Barbón que salga de manera «inmediata» a dar explicaciones políticas sobre el asunto, después de que el Gobierno haya decidido trasladar toda la información a la Fiscalía.
Para Polledo, esa decisión no zanja el debate. «La Fiscalía determinará si hay responsabilidades jurídicas, pero el Gobierno tiene que rendir cuentas políticamente ante los asturianos», ha afirmado la parlamentaria, quien advierte de que la vía judicial no puede convertirse en una «excusa» para que Barbón eluda su responsabilidad.
El foco de la controversia está en una posible relación familiar entre los titulares del inmueble, perteneciente a la sociedad García Villamil S.L., y un responsable del área de Infancia de la Consejería de Derechos Sociales. El PP ya había registrado en la Junta General una pregunta específica sobre ese presunto parentesco antes de que el Gobierno anunciara que trasladaba el caso al Ministerio Público.
Polledo reclama saber quién tomó la decisión de proponer ese piso, qué informes se solicitaron, quién dio el visto bueno y si se analizó la posible existencia de un conflicto de intereses. «Las dudas sobre este inmueble no aparecen ahora. Ya eran conocidas las circunstancias que lo rodeaban», ha señalado.
La diputada ha advertido además de que el Ejecutivo no puede intentar cargar toda la responsabilidad sobre un funcionario o un procedimiento administrativo, y ha subrayado que la responsabilidad política «llega hasta quienes dirigen la Consejería y el Gobierno del Principado».
Como siguiente paso, el Grupo Parlamentario Popular ha anunciado que interpelar á a la nueva consejera de Derechos Sociales, Nerea Monroy, para que comparezca y ofrezca todas las explicaciones necesarias en la cámara autonómica.
«No estamos pidiendo que nadie sustituya a la Fiscalía. Estamos pidiendo que Barbón haga su trabajo como Gobierno», ha concluido Polledo, que exige también que el Ejecutivo haga públicos los informes y detalle el procedimiento administrativo seguido en todo momento.
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