Ecologistas Zamora ha encendido todas las alarmas sobre el futuro hídrico de las Lagunas de Villafáfila. La organización denuncia que dos plantas de hidrógeno proyectadas en Granja de Moreruela podrían comprometer de forma grave la masa de agua subterránea que alimenta este espacio natural protegido, uno de los más valiosos de Castilla y León.
El dato que sostiene la denuncia es contundente: 233.911,4 metros cúbicos de agua al año, más de 233 millones de litros, figuran en las autorizaciones conjuntas de los proyectos Moreruela I y Moreruela II. El primero, promovido por UTU Solar, y el segundo por Inari Solar, contemplan extracciones prácticamente idénticas de agua subterránea, con cifras que rondan los 117.000 metros cúbicos cada uno.
El problema, según la organización, no es solo la cantidad. Ecologistas Zamora alerta de que ambas captaciones se han analizado de forma individual, como si fueran proyectos sin relación entre sí, cuando su proximidad obliga a estudiar su efecto acumulativo sobre el acuífero y sobre las lagunas.
La propia documentación ambiental de Moreruela II reconoce limitaciones para determinar con precisión el comportamiento del flujo subterráneo por falta de datos locales suficientes. Para el colectivo, esa incertidumbre debería haber frenado las autorizaciones, no acelerarlas.
Ante esta situación, Ecologistas reclama a la Junta de Castilla y León el acceso íntegro a los expedientes, incluyendo estudios hidrogeológicos, ensayos de bombeo, modelos numéricos y todos los informes que justificaron que las extracciones no dañarán el régimen hídrico de Villafáfila. La organización asegura además que la Consejería les ha exigido el uso de un formulario específico para solicitar esa documentación, lo que consideran una traba burocrática incompatible con el Convenio de Aarhus y la legislación española de acceso a la información ambiental.
Otro punto que inquieta al colectivo es la tramitación. Las propias resoluciones reconocen que se superó el plazo máximo de seis meses para resolver los procedimientos, y Ecologistas quiere saber qué informes causaron esas interrupciones y si se comunicaron como exige la normativa.
Como último paso, la organización estudia solicitar la paralización cautelar de ambas plantas junto con el recurso de reposición. Una medida que, de prosperar, pondría en suspenso dos proyectos de energía verde que ya tienen los permisos firmados, pero cuyo impacto real sobre uno de los humedales más importantes de la península aún está, según los ecologistas, sin responder.
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