El portavoz de Convocatoria por Asturies IU-Más País-IAS en la Junta General del Principado de Asturias, Xabel Vegas, ha cargado con dureza contra la decisión del Ejecutivo regional de descartar la habilitación de un recurso para menores no acompañados en el barrio ovetense de La Florida. Para Vegas, el Gobierno ha dado un paso atrás que manda una señal muy peligrosa.
El anuncio se produjo tras la reunión de la Junta de Portavoces, donde Vegas aprovechó para dar la bienvenida a Nerea Monroy como nueva consejera de Derechos Sociales y Bienestar, aunque no tardó en señalar que una de sus primeras decisiones ha sido precisamente renunciar al emplazamiento de La Florida, que estaba previsto para acoger a ocho niñas migrantes procedentes de Ceuta.
El barrio llevaba semanas siendo escenario de protestas vecinales contra la apertura de este centro. Según el Principado, las menores procedían de un recurso ya existente en Avilés. Sin embargo, la presión de las movilizaciones ha terminado por torcer el brazo del Gobierno regional, que ha confirmado que La Florida queda definitivamente descartada.
Vegas no ha dudado en señalar a los responsables de lo que considera una capitulación. A su juicio, los vecinos que se movilizaron contra el centro «han sido instrumentalizados por la extrema derecha», y lamenta que el Gobierno haya renunciado a hacer pedagogía con ellos para explicar qué supone realmente acoger a menores vulnerables.
Pero la crítica más contundente apunta a la señal política que lanza esta decisión. Vegas advierte de que el Principado está enviando el mensaje de que basta con que organizaciones como Vox, Falange Española o el grupo neonazi Núcleo Nacional se movilicen para que el Ejecutivo dé marcha atrás en asuntos de tanta importancia como la protección de niñas migrantes.
«Eso nos parece enormemente preocupante», subrayó el portavoz de Convocatoria, que considera que ceder ante estas presiones no solo perjudica a las menores afectadas, sino que también legitima a quienes utilizan el miedo y la desinformación como herramientas políticas.
La polémica en torno a La Florida pone sobre la mesa un debate que va mucho más allá de Oviedo: hasta qué punto los gobiernos regionales están dispuestos a defender sus propias políticas de acogida cuando la presión social, alentada desde sectores radicales, se vuelve incómoda.
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