La empresa minera TYC Narcea tiene sobre la mesa una factura millonaria: deberá reintegrar 31,24 millones de euros en ayudas públicas si quiere reanudar la extracción de carbón en la comarca del Narcea. Así lo establece la propuesta de resolución provisional que le ha remitido el Instituto para la Transición Justa (ITJ), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.

La cantidad reclamada corresponde a las subvenciones que recibió en su día la antigua explotación minera, precisamente para financiar su cierre. Unos fondos europeos destinados a facilitar el abandono de las minas de carbón no competitivas que ahora, según los técnicos, quedan en entredicho ante los planes de TYC Narcea de retomar la actividad.
El motivo de la reclamación es el solapamiento detectado entre las infraestructuras del proyecto anterior, el que recibió las ayudas de clausura, y las del nuevo plan de labores presentado por TYC Narcea. Los informes técnicos y jurídicos concluyen que determinados espacios e instalaciones vinculan ambos proyectos de manera directa.
La normativa comunitaria es clara al respecto: si una unidad beneficiaria no cierra en la fecha prevista o pretende reabrir la actividad con posterioridad, deben recuperarse la totalidad de las ayudas concedidas durante el periodo cubierto por el plan de cierre.
Desde el Ministerio han querido dejar claro que no se trata de ninguna sanción a la empresa. La condición es legal: quien quiera volver a minar en esa zona deberá primero saldar la deuda con las arcas públicas.
La propuesta cuenta con el respaldo de dos informes de la Abogacía General del Estado, de análisis técnicos externos y de consultas mantenidas con los propios servicios de la Comisión Europea. La solidez del expediente, según las fuentes consultadas, es total.
TYC Narcea dispone ahora de un plazo para presentar alegaciones antes de que el ITJ emita su resolución definitiva. El procedimiento, según el organismo, es garantista y respeta todos los derechos de la empresa para defender su posición.
El futuro de la actividad minera en Vega de Rengos queda así en el aire, pendiente de lo que decida una empresa que deberá valorar si el retorno a las minas merece asumir una devolución de semejante envergadura.
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