Seis trabajadores de la prisión alavesa sufrieron lesiones por inhalación de humo el pasado diciembre tras la quema de un colchón en una celda. Ahora, el informe definitivo de la Inspección de Trabajo señala directamente a la Administración autonómica como responsable de lo ocurrido.
El organismo inspector concluye que las lesiones sufridas por los funcionarios fueron consecuencia directa de graves deficiencias preventivas imputables al Gobierno vasco. Así lo ha trasladado el sindicato ELA, que ha hecho público el contenido del informe y ha subrayado la existencia de una clara relación causa-efecto entre las omisiones de la Administración y el accidente laboral.
Según detalla el documento, el personal que intervino durante la emergencia carecía por completo de formación, información e instrucciones necesarias para afrontar una situación de tal gravedad. A esto se suma un dato especialmente llamativo: el sistema sonoro de detección de incendios del centro se encontraba completamente desconectado el día del incidente.
ELA advierte de que no se trata de un hecho aislado. El sindicato recuerda que son ya varias las intervenciones previas de la Inspección de Trabajo que han obligado formalmente al Gobierno vasco a adoptar medidas correctoras en materia de seguridad. A su juicio, esta situación evidencia un modelo de gestión que pone en riesgo constante la vida tanto de los trabajadores como de los internos del centro penitenciario.
Ante la gravedad de los hechos, la Inspección de Trabajo ha dictado una propuesta de requerimiento inmediato para que el Gobierno vasco evalúe, forme individualmente y equipe de forma urgente a todo el personal. Además, se ha dictado una propuesta de recargo de prestaciones económicas contra la Administración en favor de los afectados, una medida que penaliza económicamente al empleador por su responsabilidad directa en el accidente.
ELA ha denunciado la falta de voluntad política y económica del Ejecutivo autonómico, al que acusa de no invertir los recursos necesarios para atajar el problema de manera definitiva.
El sindicato ha lanzado una advertencia clara: si el Gobierno vasco no actúa de inmediato, pondrán en marcha un calendario de movilizaciones en los centros de trabajo y activarán la vía judicial para depurar responsabilidades políticas.
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