La sanidad leonesa afronta un otoño que se antoja especialmente turbulento. La aprobación del anteproyecto de Ley del Estatuto Marco sanitario ha encendido la mecha de una huelga indefinida que los sindicatos médicos ya tienen sobre la mesa y que previsiblemente se convocará a partir del mes de octubre.
El colectivo médico lleva meses movilizándose en León. Durante una semana al mes, hasta el pasado junio, los facultativos pararon sus actividades en señal de protesta, reclamando un estatuto propio para el colectivo que no quedara absorbido por la norma general del personal sanitario.
El nuevo paso dado desde el Ministerio de Sanidad, lejos de calmar los ánimos, ha espoleado las protestas. Óscar Cordero, delegado de Médicos Unidos por sus Derechos en León y rostro visible de las manifestaciones en la provincia, califica la medida de «patada hacia delante» y «brindis al sol». Su argumento es claro: la norma aún debe superar el trámite parlamentario en un Congreso donde el ejecutivo no tiene garantizados los apoyos suficientes para sacarla adelante.
Pero el problema de fondo, según Cordero, va más allá de los números en el parlamento. «No cuenta ni con el apoyo ni el consenso de los médicos porque no se ha negociado con nosotros», denuncia, y advierte de que esta «imposición» supondrá el «fin de la interlocución con el Ministerio de Sanidad».
El comité de huelga nacional, integrado por varios sindicatos, trabaja ya en fijar fechas concretas y definir los pasos a seguir. La convocatoria de una huelga indefinida a partir de octubre es el escenario más probable si el Ministerio mantiene su postura.
Cordero también interpela a las comunidades autónomas. Insiste en que el conflicto no es una guerra política entre izquierda y derecha, sino una cuestión de responsabilidades no asumidas. Pone a Galicia como ejemplo, donde el parlamento autonómico ya aprobó una declaración institucional en favor del estatuto médico propio, presionando así al Gobierno central para que asuma su papel.
Desde Madrid, la ministra Mónica García defiende que la aprobación del texto no es un desafío a los sindicatos, sino «la forma de abrir la puerta» a mejorar las condiciones laborales del colectivo. Sostiene que el proceso ha incluido más de treinta reuniones con organizaciones médicas y que el proyecto recoge todas las reivindicaciones que son competencia del Ministerio.
Los pacientes leoneses, mientras tanto, observan con inquietud cómo el pulso entre sanitarios y administración amenaza con trasladarse de nuevo a las consultas y urgencias de la provincia.
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