El último viernes de agosto, vecinos y agentes de la Policía Nacional vivieron momentos de tensión en pleno centro de Maó cuando una alarma comenzó a sonar en el número 22 de la plaza del Príncep. Alguien intentaba tomar por la fuerza una de las pocas viviendas del edificio que aún permanecen vacías y legítimamente desocupadas.
Los intrusos accedieron al inmueble a través de la terraza, pero el sistema de seguridad instalado por el propietario hizo su trabajo. La señal de alarma alertó tanto a la empresa responsable de la instalación como a la Policía Nacional, que acudió al lugar. El intento de ocupación no llegó a consumarse.
El propietario del edificio se encontraba en Madrid en ese momento, por lo que fue un allegado suyo quien se desplazó hasta la plaza al día siguiente con las llaves del inmueble. Al entrar, comprobó que la alarma había sido destrozada deliberadamente, aunque no encontró a nadie en el interior. El aparato fue sustituido y vuelto a instalar de inmediato.
El edificio, que alberga varias viviendas y un local comercial, acumula situaciones de ocupación ilegal desde hace al menos seis años. El nuevo propietario lleva tiempo intentando recuperar las viviendas afectadas a través de los cauces legales, pero hasta la fecha no ha conseguido que ninguna de las casas ocupadas sea desalojada.
De las viviendas del inmueble, solo dos permanecen sin moradores de forma legítima, y una de ellas fue el objetivo del intento fallido del viernes.
El caso vuelve a poner sobre la mesa una situación que se repite en distintos municipios de Menorca y del conjunto del país: propietarios que se ven imposibilitados de disponer de sus inmuebles durante años mientras los procedimientos judiciales avanzan con lentitud. Una realidad que, según coinciden muchos afectados, desincentiva también la oferta de vivienda en alquiler en la isla.
Por ahora, el propietario continúa a la espera de poder recuperar el control de su edificio por los medios que marca la ley.
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