El Tribunal de Instancia número 4 de Palma ha rechazado el último recurso del Ayuntamiento de Ciutadella para mantener peatonalizada la Plaça des Born. La resolución, notificada este miércoles, es definitiva y no admite más impugnaciones en materia de medidas cautelares.
El auto, firmado el 1 de septiembre por la magistrada del mismo juzgado que en primera instancia había dado la razón al Consistorio, confirma la medida cautelar acordada en mayo que obliga al Ayuntamiento a devolver la emblemática plaza a su estado anterior a julio de 2025, cuando los vehículos aún aparcaban en ella.
La peatonalización fue declarada nula por haberse llevado a cabo «por la vía de hecho» y sin ningún título legal que la respaldara. Fue la posterior apelación de un grupo de 22 empresarios y comerciantes la que dio un vuelco al proceso judicial y forzó la medida cautelar de restitución.
El tribunal ha desestimado uno a uno todos los argumentos del Ayuntamiento. Ni los supuestos vicios de nulidad en los decretos impugnados, ni la petición de aplicar el régimen de ejecución provisional de sentencias, ni la exigencia de dar un nuevo trámite de alegaciones al Consistorio han encontrado amparo legal en la resolución.
También ha caído el intento municipal de paralizar la ejecución exigiendo a los empresarios una caución de 123.700 euros como garantía frente a posibles perjuicios. El auto ha sido claro: dicha fianza no fue contemplada en la sentencia de mayo y, por tanto, no ha lugar a imponerla.
El gobierno local se había aferrado al hecho de que la magistrada firmante pertenecía al mismo juzgado que en su día le fue favorable, pero eso no ha tenido ningún peso en la decisión final.
Con esta resolución se agota la vía judicial en lo que respecta a las medidas cautelares. El Ayuntamiento de Ciutadella queda obligado a ejecutar de forma inmediata el cumplimiento de la sentencia de mayo y a permitir el regreso de los coches a la plaza.
Los comerciantes de la zona llevan meses reclamando que se cumpla la resolución judicial, argumentando que la peatonalización ha provocado una caída de hasta el 20% en sus ingresos. La decisión del tribunal supone, para ellos, el final de un largo pulso judicial que en septiembre de 2026 cierra con una victoria clara.
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