La reciente demolición del azud en Puente Mesa, que afecta a los municipios de Veganzones y Cabezuela en la provincia de Segovia, ha generado una importante controversia entre vecinos y autoridades locales. Los ciudadanos de estas localidades están considerando acciones legales para cuestionar una decisión que ha resultado en la eliminación de una estructura histórica de más de 500 años. La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) sostiene que los ayuntamientos deberían haber solicitado una concesión de aguas antes de llevar a cabo la restauración del azud, que había sido previamente acordada.
A pesar de los anuncios de la Delegación del Gobierno en Castilla y León en 2022 sobre un plan de rehabilitación, los consistorios no recibieron notificaciones claras sobre el proceso ni sobre la necesidad de la concesión. Esta falta de comunicación ha hecho que tanto Veganzones como Cabezuela se sientan desinformados sobre el estado de la presa y las acciones que debían tomar. Además, los informes técnicos que señalaban el deterioro de la presa ayudaron a justificar su derribo, el cual se llevó a cabo hace apenas dos semanas.
Desde la asociación Aguaiuris han elevado el caso tanto al Juzgado de Sepúlveda como a la Fiscalía Provincial de Segovia. Están buscando esclarecer posibles delitos contra los recursos naturales y atribuir responsabilidades por daños al patrimonio histórico. Por su parte, el Ayuntamiento de Veganzones está recopilando documentación que pueda respaldar sus acciones legales, incluyendo compromisos previos de organismos competentes.
Los representantes municipales habían mantenido reuniones con la CHD y el Gobierno en 2022, donde aseguraron que se firmaría un acuerdo para evitar el derribo. Sin embargo, según la CHD, nunca se formalizó dicho pacto y el proceso ahora requiere que se solicite la concesión de aguas antes de pensar en cualquier restauración futura. Aseguran que este requisito es fundamental para garantizar la viabilidad del mantenimiento del azud.
En medio de esta situación, los ayuntamientos han solicitado encuentros con las autoridades competentes para discutir el futuro del azud. La CHD ha manifestado su disposición para reunirse con los alcaldes y trabajar en la restauración de la zona, que incluiría un espacio verde para esparcimiento.
Los municipios están a la espera de una respuesta formal que aclare los pasos a seguir de aquí en adelante. La construcción de un marco de responsabilidad y colaboración se vuelve crucial para encontrar una solución a este conflicto. Las expectativas de una pronta resolución parecen inciertas, y la gestión de este asunto podría influir en la relación entre las entidades locales y la CHD.
Por el momento, tanto Veganzones como Cabezuela siguen en alerta ante los acontecimientos y buscan asegurar que sus derechos como comunidades se respeten en este proceso. Los siguientes pasos del proyecto aún están por definir y la situación sigue generando tensiones entre los distintos actores involucrados.