El Ayuntamiento de Cáceres toma el control de las reparaciones en el bloque de Aldea Moret tras la inacción de la comunidad de propietarios

La Junta de Gobierno local ha aprobado iniciar la ejecución subsidiaria de obras en el edificio número 1 de la calle Río Vístula, en el barrio cacereño de Aldea Moret, después de que la comunidad de propietarios no atendiera los requerimientos previos del consistorio.

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Los servicios técnicos municipales han analizado el estado del inmueble y han concluido que no existe un riesgo inmediato de colapso estructural, pero sí han detectado deficiencias que necesitan ser corregidas con urgencia para garantizar la seguridad y habitabilidad del edificio.

Las actuaciones previstas se centran en varios puntos concretos: anomalías en la fachada de la calle Ródano, filtraciones en las cubiertas, problemas en el sistema de evacuación de aguas, deficiencias en la red de aguas del garaje, elementos de hormigón con pérdida de revestimiento y problemas de ventilación en algunas viviendas.

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El portavoz del Gobierno local, Ángel Orgaz, explicó este viernes que el primer paso será contratar un proyecto técnico que determine qué actuaciones son prioritarias, para después poder licitar las obras necesarias. El Ayuntamiento es propietario de 20 viviendas en este edificio.

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Orgaz dejó claro que los costes de la ejecución subsidiaria serán repercutidos a la comunidad de propietarios en su conjunto, sin perjuicio de la parte que corresponde al consistorio por sus propias viviendas. «El equipo de Gobierno no se queda de brazos cruzados», subrayó el portavoz, insistiendo en que la responsabilidad de conservación recae sobre todos los propietarios.

En paralelo, la Junta de Gobierno tomó conocimiento de una sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres, de fecha 27 de julio, que desestima el recurso de apelación interpuesto por una particular contra una resolución previa que ordenaba la devolución de una vivienda municipal del mismo edificio que había sido ocupada de manera ilegítima.

La Audiencia confirmó la sentencia inicial e impuso las costas a la parte recurrente, lo que supone un nuevo respaldo judicial a la política municipal de recuperación de vivienda pública.

El consistorio cacereño señala que su objetivo es rehabilitar estas viviendas recuperadas y ponerlas a disposición de familias que cumplan los requisitos legales, reforzando así el parque público de vivienda social en la ciudad.