Un vecino de La Bañeza ha logrado que el Procurador del Común le dé la razón después de descubrir que el Ayuntamiento le cobró 30 céntimos de más al anular dos multas de la zona ORA. Lo que parecía una pequeña irregularidad ha destapado un problema que afecta a muchos más ciudadanos de la localidad.
Los hechos se remontan a diciembre de 2025. El afectado recibió dos denuncias por aparcar sin ticket válido en la zona de estacionamiento regulado. Actuando dentro del plazo permitido de dos horas para anular las sanciones, abonó 2,80 euros por cada una de ellas, tal y como le indicó el sistema municipal de pago.
El problema es que la Ordenanza Fiscal del municipio fija ese importe en 2,50 euros, sin ningún recargo adicional. Es decir, el Ayuntamiento llevaba cobrando una cantidad diferente a la aprobada legalmente, lo que vulnera el principio de legalidad tributaria, ya que ninguna administración puede exigir una tasa sin respaldo normativo.
El ciudadano presentó su queja ante el Procurador del Común, institución que inició una investigación y reclamó información al consistorio en hasta cuatro ocasiones, entre marzo y junio de este año. El Ayuntamiento de La Bañeza no respondió en ninguna de ellas, algo que la institución ha hecho público como muestra de incumplimiento del deber de colaboración.
Tomás Quintana, titular del Procurador del Común, ha recordado que la potestad tributaria de los ayuntamientos tiene límites claros: cualquier modificación de cuotas y tasas debe pasar por el pleno municipal. Aplicando la doctrina del Tribunal Supremo, ha concluido que los 30 céntimos cobrados de más no tienen ninguna justificación legal.
La resolución va más allá del caso concreto. La institución considera que el Ayuntamiento tiene los medios para identificar a todos los ciudadanos que abonaron 2,80 euros y le insta a devolver de oficio la diferencia, sin exigir que los afectados lo soliciten individualmente.
Además, se pide al consistorio que aplique de inmediato el importe correcto de 2,50 euros para la anulación de denuncias, salvo que acredite una modificación oficial de la ordenanza, y que cumpla con su obligación de responder a los requerimientos del Procurador.
Un caso que comenzó con unos pocos céntimos acaba poniendo en evidencia tanto una irregularidad tributaria mantenida durante meses como la falta de transparencia de un ayuntamiento que no quiso dar explicaciones cuando se le pidieron.
