El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Avilés ha dado un paso sin precedentes en la legislatura al registrar este lunes una iniciativa formal para reprobar a la alcaldesa, Mariví Monteserín, en el pleno ordinario previsto para el próximo 18 de septiembre.
La portavoz popular, Esther Llamazares, ha calificado la medida de «máxima trascendencia institucional» y la ha enmarcado en lo que el PP describe como una grave cadena de omisiones en la gestión del contrato del ciclo integral del agua, gestionado mediante la sociedad mixta Aguas de Avilés, S.L.
Según ha explicado Llamazares, el socio privado de la concesión, Asturagua-Veolia, presentó reclamaciones sobre el equilibrio económico-financiero del contrato en mayo de 2024 y en junio de 2025. El equipo de gobierno las dejó caer por silencio administrativo, sin llevarlas al pleno ni abrir los expedientes técnicos correspondientes. La empresa respondió en diciembre de 2025 con un recurso contencioso-administrativo.
Lo que ha encendido las alarmas en la oposición es lo que encontraron después. A petición del PP, un informe conjunto de la Secretaría General y la Intervención Municipal confirmó que se evitó el procedimiento administrativo ordinario y que el expediente quedó incompleto. Además, el análisis de las cuentas municipales reveló una provisión por responsabilidades a largo plazo de más de 15,3 millones de euros de la que, según denuncia el PP, no se había informado al pleno en ningún momento.
Para el grupo popular, este silencio no es un descuido administrativo sino una decisión política que ha dejado a los concejales fuera de un asunto que afecta directamente al bolsillo de los avilesinos.
🍢Guía de tapas de los Chiringuitos de San Mateo37 casetas · raciones, bocadillos y sidra al precio de cada caseta · 10-21 sepDesde el 10El PP ha recurrido también a la vía judicial para defender su derecho a la información como representantes políticos. El Tribunal ha dictado ya dos diligencias de ordenación exigiendo al Ayuntamiento que entregue el expediente completo.
Llamazares ha subrayado que la reprobación no entra a valorar si las reclamaciones de la empresa concesionaria son o no legítimas. Lo que censura es que la alcaldesa haya gestionado un riesgo económico de esta magnitud al margen del control democrático que corresponde al pleno municipal.
El debate está previsto para el 18 de septiembre, y la votación pondrá a prueba los apoyos con los que cuenta Monteserín para salir adelante de la iniciativa más dura que ha enfrentado en esta legislatura.
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