Vadillo de la Guareña tiene Fuentelapeña a un paso. Literalmente: cuatro o cinco kilómetros separan ambos municipios por carretera. Pero desde hace días, ese trayecto cotidiano se ha convertido en una vuelta de más de 25 kilómetros que los vecinos recorren obligados por las obras en la vía que une directamente las dos localidades.
El Ayuntamiento y los propios habitantes de Vadillo han alzado la voz ante lo que denuncian como una falta de información previa por parte de la administración responsable. Una obra que, según trasladan los afectados, podría prolongarse cerca de dos meses, y que ha pillado al municipio sin alternativas claras ni rutas de desvío comunicadas oficialmente.
Para llegar ahora a Fuentelapeña desde Vadillo hay que tirar hacia Alaejos, pasar por Castrillo de la Guareña y desandar camino hasta el destino. Más de 25 kilómetros para un trayecto que antes no llegaba a cinco. Y, para colmo, tampoco la vía alternativa hacia La Bóveda de Toro parece viable según cuentan los vecinos.
El problema va mucho más allá de la incomodidad o el gasto en gasolina. Los pocos niños que residen en el municipio y acuden a clase en Fuentelapeña también sufren las consecuencias en su transporte escolar. Las conexiones de autobús y los desplazamientos habituales hacia Salamanca quedan igualmente alterados, obligando a reorganizar rutinas que hasta ahora eran sencillas y asequibles.
Pero la pregunta que más inquieta a los vecinos es otra: ¿qué pasa si hace falta una ambulancia? Con los accesos habituales cortados, el recorrido que tendría que completar una ambulancia procedente de Fuentesaúco se dispara. En una emergencia sanitaria, esos kilómetros extra no se miden en euros sino en minutos. Y los minutos, en según qué situaciones, importan demasiado.
Nadie discute que las carreteras necesitan mantenimiento. En una provincia con una red viaria extensa y envejecida, que se acometan obras es una buena noticia. Lo que no puede ser aceptable es que esas obras se ejecuten sin que el municipio afectado haya sido informado con antelación, sin rutas de emergencia definidas y sin soluciones alternativas para el transporte escolar y público.
En la Zamora despoblada, incomunicar un pueblo, aunque sea temporalmente, no es un trámite menor. Es un golpe más a la vida cotidiana de quienes ya eligieron quedarse.
