Los trabajadores de la brigada de refuerzo contra incendios forestales con base en Ruente han alzado la voz para denunciar una situación que consideran profundamente injusta: sus salarios son, de media, 3.500 euros anuales inferiores a los que perciben sus compañeros en otras bases del país. Unos trabajadores esenciales en la defensa del monte cántabro que no llegan a los 1.200 euros netos al mes.
La raíz del problema está en la estructura del propio centro. A diferencia del resto de bases españolas, la de Ruente solo cuenta con dos cuadrillas, lo que impide aplicar el mismo sistema de turnos que opera en las demás instalaciones. Esa carencia arrastra consigo la pérdida de complementos salariales importantes, como la jornada de disponibilidad en casa, un plus que directamente desaparece del recibo de sueldo.
Marcos Gómez Carpintero, presidente de la Asociación de Trabajadores de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales, lo explica de forma sencilla: «Queremos las mismas condiciones. Una tercera cuadrilla permitiría hacer los mismos turnos». La reivindicación es clara, y el agravio también.
A esto se suman otras desigualdades que la organización ha denunciado públicamente. Los trabajadores de Ruente no pueden disfrutar de vacaciones durante la campaña de incendios, algo que sí se permite en otras bases. Además, el apoyo aéreo solo está disponible durante dos meses y medio al año, y en los días de riesgo alto o extremo, la normativa forestal les impide realizar labores de prevención, lo que les hace perder el plus por uso de maquinaria.
La base cántabra abrió en 2006 como refuerzo invernal para los fuegos provocados por las suradas, con un helicóptero y dos cuadrillas. El pasado junio el Ministerio para la Transición Ecológica amplió su actividad a todo el año, pero sin incorporar ese tercer equipo que cambiaría las condiciones laborales. El trabajo extra generado desde entonces ha sido compensado únicamente con horas extraordinarias.
Sin embargo, los trabajadores miran al futuro con cierta esperanza. La asociación se muestra optimista ante la renovación del contrato ministerial con Tragsa prevista para noviembre. Según Gómez Carpintero, se ha alcanzado un acuerdo para que la instalación pase a categoría BRIF Bravo, lo que abriría la puerta a esa tercera cuadrilla reclamada. El Gobierno de Cantabria, según el propio presidente, respalda la mejora y valora el papel de estos profesionales en la protección del territorio.
Una solución que, de llegar, pondría fin a años de desigualdad para quienes arriesgan su seguridad defendiendo los montes de Cantabria.
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