Han pasado cuatro semanas desde que se detectó la mortandad masiva de aves en la ría de San Martín de la Arena y nadie sabe todavía qué la provocó. La falta de explicaciones ha disparado la indignación de los colectivos ecologistas, que advierten de que el enclave lleva años en el más absoluto abandono institucional.
La Consejería de Desarrollo Rural reconoció la semana pasada que los análisis realizados en dos laboratorios distintos no han sido concluyentes para identificar el agente causante del brote. Una situación que Ecologistas en Acción Cantabria (EAC) califica directamente de «inquietante» y que, a su juicio, evidencia la ausencia de controles preventivos y seguimiento de los ecosistemas en la zona.
El colectivo fija en casi un centenar el número de aves afectadas, cifra que choca con los 44 ejemplares muertos que reconoce el Gobierno Regional. No es la primera vez que se produce este cruce de datos: la asociación Proyecto Ría San Martín, que fue quien dio la voz de alarma el pasado mes, ha mantenido desde el principio una contabilidad muy diferente a la oficial.
Uno de los puntos más señalados por los ecologistas es la ubicación donde se concentraron la mayoría de los animales muertos: justo en el área donde vierte el colector de la depuradora. EAC lo considera «desconcertante y preocupante», porque sin una causa clara identificada no podrán adoptarse medidas para que el episodio no se repita.
Más allá de la crisis de las aves, la organización ha aprovechado para denunciar el estado general del humedal. Según su diagnóstico, la flora invasora crece sin control, las obras se ejecutan sin ninguna figura de protección que ampare el espacio y no existe planificación alguna compatible con las actividades turísticas y económicas del entorno.
El trasfondo burocrático resulta especialmente llamativo. En 2020 se anunció el inicio del expediente para declarar la ría Área Natural de Especial Interés (ANEI). Seis años después, el proceso sigue inconcluso. En abril de 2025 el Parlamento regional acordó crear una comisión para valorar el impacto de esa declaración, pero EAC asegura que, diecisiete meses más tarde, no hay rastro de ningún informe.
Mientras tanto, Proyecto Ría San Martín ha pedido al Ministerio para la Transición Ecológica que valore aplicar una figura de protección estatal, iniciativa que ya cuenta con una campaña de recogida de firmas en Change.org.
Los ecologistas lo resumen con dureza: uno de los humedales más importantes de Cantabria se deteriora ante la pasividad de quienes tienen la obligación de protegerlo.
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