La alcaldesa de València, María José Catalá, ha salido este jueves a aclarar la situación del asentamiento ubicado en el antiguo circuito urbano de Fórmula 1 y ha aprovechado para lanzar un duro mensaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que responsabiliza de lo que considera un problema migratorio sin control.
Catalá ha asegurado que el asentamiento lleva meses bajo seguimiento por parte de los servicios sociales municipales, que acuden al lugar dos veces por semana para conocer quién reside allí y en qué circunstancias. La primera edil ha subrayado que en estos momentos no hay ningún menor en el enclave y que, cuando se detecta la presencia de uno, los equipos municipales trabajan con la familia para ofrecerle un recurso de alojamiento.
La alcaldesa ha negado con contundencia que se fuera a producir ningún desalojo, calificando los rumores de «bulo» y de «desalojo fake». Según Catalá, la presencia policial en la zona respondía a la convocatoria de una concentración y no a ninguna operación de desahucio, y ha acusado a la izquierda de generar confusión de manera interesada.
Sobre quiénes habitan el asentamiento, la regidora ha explicado que la mayoría son saharauis y argelinos marroquíes. Respecto a los primeros, ha lamentado que se encuentran en una situación de apatridia que, a su juicio, es consecuencia directa de la política exterior de Sánchez, lo que dificulta enormemente cualquier proceso de regularización o intervención social. En cuanto a los argelinos marroquíes, ha aludido a la situación vivida en Ceuta como advertencia de lo que podría extenderse al resto de ciudades españolas.
Para hacer frente a esta realidad, el Ayuntamiento de València ha ampliado su red de alojamiento. Los albergues municipales operan ahora los 365 días del año y se han abierto nuevos centros en los barrios de Benimaclet y el Carmen, alcanzando una capacidad total de mil plazas entre recursos propios y concertados.
Catalá ha cerrado sus declaraciones exigiendo al Gobierno central más recursos para los municipios, que son, a su entender, quienes asumen en primera línea las consecuencias de una política migratoria que califica de «desbocada» y de «puertas abiertas». La alcaldesa ha recordado lo ocurrido en Ceuta para alertar de que la situación no es un hecho aislado, sino el reflejo de una gestión que, según ella, lleva años sin solución desde Madrid.
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