La instrucción judicial abierta contra el que fuera jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía y exconcejal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Rafael Pineda, no llegará a su fin antes de lo previsto. La magistrada encargada del caso ha acordado prorrogar la investigación otros seis meses, al menos hasta finales de año, al quedar pendientes pruebas que considera «esenciales» para esclarecer los hechos.
La causa gira en torno a la venta de una parcela de Emvisesa, la empresa municipal de vivienda de Sevilla, situada en los terrenos del Higuerón. El solar fue adquirido por 1,7 millones de euros y revendido apenas cinco meses después por 3,3 millones, lo que habría supuesto un beneficio de más de dos millones para los investigados.
La juez subraya en su auto la «complejidad» de los hechos, que ha impedido cerrar la instrucción en los plazos iniciales fijados por la ley. Entre los investigados figuran Pineda, su mujer Olga Pérez, dos socios de esta y un exempleado de Emvisesa. Se les atribuyen presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude contra la administración pública.
Uno de los aspectos más llamativos del caso es que, tanto en el procedimiento de arrendamiento como en el de enajenación de la parcela, únicamente se presentó una oferta: la de Higuerón Real Estate, sociedad creada por la esposa de Pineda.
Para los próximos meses quedan citadas varias testificales clave. El 20 de octubre declararán tres cargos de Emvisesa, entre ellos el actual director gerente. El día 28 está convocado el exdirector de la entidad Felipe Castro, junto al administrador de Eryel Invest, la sociedad de la multinacional Burger King que finalmente adquirió el solar, y un técnico más de la empresa municipal.
La investigación no se limita a la operación inmobiliaria. La magistrada Pilar Ordóñez también indaga si Pineda ejerció presiones ante el alcalde socialista de Gines, Romualdo Garrido, para que el ayuntamiento autorizara la reapertura del local de ocio nocturno Green House. El establecimiento había sido clausurado y su propietario está investigado en otra causa por presunto blanqueo de capitales vinculado al narcotráfico.
El caso, que arrancó por una denuncia anónima, compromete así al entorno directo de Pedro Fernández, actual delegado del Gobierno de Pedro Sánchez en Andalucía, del que Pineda fue mano derecha.
