El municipio de Es Castell da un paso decisivo para resolver uno de sus problemas urbanísticos más urgentes. Los dueños de la gran finca situada sobre el núcleo del Fonduco y su vial de acceso han adquirido un doble compromiso para consolidar el acantilado del puerto de Maó en esa zona, lo que abre la puerta a que las obras puedan arrancar antes de que acabe el año.
Así lo ha trasladado el delegado de la Autoritat Portuària de Balears (APB), Antoni Fullana, tras reunirse con representantes de la finca. En el tramo de unos 175 metros comprendido entre los apartamentos de Cala Figuera y el antiguo Miramar, la propiedad se ha comprometido a redactar un proyecto de consolidación y, una vez obtenida la licencia correspondiente, ejecutarlo. Fullana califica el resultado del encuentro de «positivo» y precisa que la responsabilidad en ese tramo recae directamente en los propietarios, ya que no hay viviendas en la parte baja del acantilado.
Si los plazos se cumplen, el panorama es esperanzador. Según el delegado de APB, si el proyecto se presenta a lo largo de septiembre o a principios de octubre, las obras podrían comenzar en noviembre y concluir en un plazo de tres a cuatro meses, en función del tipo de intervención que se decida ejecutar. Eso sí, el proyecto deberá contar obligatoriamente con el visto bueno del Colegio de Geólogos.
En cuanto al tramo del acantilado sobre el vial de acceso al núcleo, las titularidades están bien definidas: la finca y la propia APB. Sin embargo, la situación se complica en la zona donde se ubican las casas del Fonduco, donde los lindes entre propiedades aún no están del todo delimitados. Los vecinos afectados han reclamado desde hace semanas que se realice primero una geocertificación de los límites de cada parcela.
A pesar de esa incertidumbre, los propietarios de la finca han dado un segundo paso significativo: en una reunión celebrada la semana pasada, ofrecieron asumir la mitad del coste de los trabajos de saneamiento en las parcelas colindantes. Para ello, han pedido tres presupuestos a empresas de Menorca, Mallorca y la península, lo que pone en cuestión el proyecto que ya encargó y pagó el Ayuntamiento de Es Castell.
«Tendremos que ponernos de acuerdo de algún modo y hacerlo, no nos queda más remedio», reconocía uno de los vecinos afectados. Una frase que resume bien el espíritu con el que todas las partes parecen afrontar, por fin, este largo y complejo proceso.
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