Las familias con hijos inscritos en el aula de un año del colegio Eugenio Perojo de Liérganes se llevaron una desagradable sorpresa este lunes: la clase prometida para este curso no estará lista a tiempo y nadie les avisó hasta el día antes del inicio de las clases.
La Consejería de Educación de Cantabria anunció a principios de año la creación de un aula independiente para los niños de un año en este centro, separándola de la de dos años ante la creciente demanda. Para ello se firmó un convenio entre la Consejería y el Ayuntamiento de Liérganes, con una inversión prevista de casi 100.000 euros destinada a reformar la antigua casa del conserje, un edificio de 80 metros cuadrados sin uso desde hace pocos años. Las obras debían haberse ejecutado durante el verano.
Sin embargo, a fecha de hoy no solo no están terminadas, sino que ni siquiera han sido licitadas.
Lo más llamativo del caso es que todo el engranaje administrativo funcionó como si el aula fuera a estar lista: se asignaron una maestra y una técnico de Educación Infantil al centro, que ya están incorporadas pero sin posibilidad de atender a los nueve menores inscritos por falta de un espacio físico adecuado. Los padres, por su parte, organizaron su vida laboral y familiar contando con ese servicio en Liérganes, descartando plaza en otros centros.
El alcalde, Ángel Bordas, se reunió este miércoles con las familias afectadas para trasladarles que se están buscando soluciones urgentes. La opción más inmediata es habilitar el pequeño edificio que alberga la biblioteca escolar dentro del propio recinto del colegio. Según Bordas, las instalaciones parecen reunir las condiciones necesarias y solo habría que instalar cambiadores. Como alternativa, se estudia colocar un módulo prefabricado de manera provisional.
El regidor confía en que los niños puedan incorporarse al centro «la semana que viene si es posible», aunque subraya que la responsabilidad recae sobre la Consejería y no directamente sobre el Ayuntamiento.
La paradoja administrativa es que, técnicamente, las obras aún están en plazo: el convenio fija como fecha límite el mes de noviembre.
Las familias ya han presentado un escrito de queja ante la Consejería. Denuncian la falta de previsión, el escasísimo margen de aviso y el serio problema de conciliación que les genera una situación que, aseguran, era perfectamente evitable.
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