El municipio burgalés de Villarcayo ha dejado escapar 102.613 euros en ingresos públicos como consecuencia del enfrentamiento entre su Ayuntamiento y el registrador de la propiedad a la hora de gestionar el cobro de las plusvalías municipales del año 2016.
Así lo recoge una liquidación provisional emitida el pasado junio por un instructor de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, que apunta al alcalde, Adrián Serna, y a tres secretarios y tesoreros municipales como presuntos responsables directos y solidarios de esta pérdida de fondos públicos.
El origen del problema se sitúa en marzo de 2017, cuando el pleno del Ayuntamiento decidió no renovar el convenio que mantenía con el registrador desde 2010 para la gestión y cobro de las plusvalías, a cambio de una comisión del 10%. El consistorio optó por trasladar esa tarea a la Diputación Provincial, cuya comisión era solo del 2%, un ahorro notable sobre el papel.
Sin embargo, durante los meses de transición entre ambas entidades, el registrador tramitó 634 liquidaciones de plusvalías correspondientes a 2016 y 2017, por un valor total de 252.000 euros. Las remitió al Ayuntamiento a través de la plataforma oficial para que el alcalde las firmara electrónicamente, pero nunca obtuvo respuesta.
Los recibos quedaron sin firmar, sin notificar a los contribuyentes y, cuatro años después, prescritos. Los propietarios que vendieron terrenos o viviendas en el municipio durante ese periodo nunca llegaron a pagar el impuesto correspondiente.
El alcalde Serna defiende que su única responsabilidad fue retirarle la gestión al registrador y que el consistorio realizó varios requerimientos para obtener la documentación en papel, sin éxito. Esa documentación no llegó hasta diciembre de 2020, cuando los recibos ya habían prescrito.
La concejala socialista Rosario Martínez ha pedido al alcalde que informe con detalle y claridad sobre el asunto en cuanto sea legalmente posible, lamentando además no haber tenido conocimiento del caso a tiempo para que el Ayuntamiento se personara como parte perjudicada.
El litigio llega además con otra mala noticia para el consistorio: el Tribunal Supremo ha inadmitido recientemente el recurso de casación interpuesto contra una sentencia del TSJ de Castilla y León que dio la razón al registrador y condenó al Ayuntamiento a abonarle 15.167 euros en concepto de comisión por las gestiones realizadas.
Una disputa que nació buscando ahorrar dinero y que, a la postre, ha costado al municipio mucho más de lo que pretendía ahorrarse.
Más noticias de Burgos
Los vecinos de la zona de la antigua Azucarera deberán pagar de su bolsillo el enganche a los servicios municipales
La vendimia en la Ribera del Duero arranca antes de lo previsto con más de la mitad de las bodegas ya en plena recogida
Miranda de Ebro pone en marcha autobuses nocturnos y cortes de tráfico para vivir las Fiestas de Altamira sin sobresaltos