El Ayuntamiento de Burgos ha dejado claro que serán los propietarios de las viviendas situadas junto a los terrenos de la antigua Azucarera quienes tendrán que asumir los costes de la conexión a las redes de servicios municipales, como el agua, el saneamiento o el suministro eléctrico.
La decisión, que no ha sentado nada bien entre los afectados, pone sobre la mesa una vez más el debate sobre quién debe costear la urbanización de zonas que durante años han quedado al margen del desarrollo de la ciudad.
Los propietarios de estas casas se encuentran ahora ante una situación que muchos califican de injusta. Llevan tiempo esperando que el consistorio asuma al menos una parte de la inversión necesaria para que sus viviendas queden integradas en la red de infraestructuras del municipio, algo que consideran un derecho básico como ciudadanos de Burgos.
Sin embargo, la postura municipal es clara: la normativa vigente establece que en estos casos son los titulares de los inmuebles los obligados a sufragar dichos trabajos, al tratarse de suelo que no ha pasado por los procesos de urbanización habituales.
La cantidad que deberá abonar cada propietario dependerá del alcance de las obras necesarias para conectar cada vivienda a la red, lo que genera incertidumbre entre los vecinos, que aún no tienen cifras concretas sobre la mesa.
Desde el entorno de los afectados se pide al Ayuntamiento que reconsidere su posición o que, al menos, facilite algún tipo de ayuda o fraccionamiento del pago para que el desembolso no suponga una carga económica inasumible para las familias.
El área de la antigua Azucarera es uno de esos espacios de Burgos que arrastra desde hace décadas una situación urbanística compleja, con terrenos en distintas fases de desarrollo y propietarios que han visto pasar los años sin que su situación se regularizara del todo.
La polémica está servida y todo apunta a que los vecinos no van a aceptar la decisión sin dar batalla. En los próximos días se esperan nuevas reuniones entre representantes del vecindario y responsables municipales para intentar encontrar una salida que satisfaga a ambas partes.
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