El complemento de insularidad que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó para los funcionarios ha encendido las alarmas en los ocho municipios de Menorca y en el Consell Insular. La medida, bien recibida por quienes la cobran, tiene un reverso incómodo: el coste recae sobre las arcas locales, no sobre el Estado que la ordenó.
El PP ha sido el primero en mover ficha. Cristóbal Marqués adelantó que su partido presentará mociones en todos los ayuntamientos de la isla y en el Consell para exigir que sea el Ejecutivo central quien asuma el sobrecoste. La cifra que maneja el partido es clara: diez millones de euros anuales que los municipios menorquines tendrían que abonar sin que nadie en Madrid haya puesto un euro sobre la mesa.
Pero el PP no está solo en esta reclamación. Més per Menorca también ha salido a la palestra con el mismo mensaje. Los nacionalistas convocaron una reunión en Es Mercadal en la que participaron alcaldes, consellers y el diputado en el Congreso Vicenç Vidal, todavía adscrito al grupo parlamentario de Sumar. La paradoja no pasó desapercibida: Sumar forma parte del Gobierno que tomó la decisión y comparte mesa con los ministros del PSOE cada semana, pero ninguno de sus representantes llevó esta reclamación al Consejo de Ministros.
La coincidencia entre PP y Més en una misma demanda dibuja una alianza incómoda que muchos interpretan ya como síntoma del final de legislatura y del reposicionamiento de cada formación de cara a las próximas elecciones.
Mientras tanto, en Ciutadella, otro conflicto urbano ocupa la agenda municipal. El promotor Juan Villalonga reveló que el Ayuntamiento rechazó su propuesta de construir un centenar de viviendas sociales de precio limitado en un solar de su propiedad junto a la Rotonda des Cavall. La iniciativa se amparaba en un decreto ley del Govern Balear que permite destinar terrenos de equipamiento a uso residencial, ya aplicado en Mallorca e Ibiza.
La respuesta municipal sorprendió al promotor: en ese solar, le dijeron, se quería construir seis pistas de pádel.
Villalonga no ocultó su desconcierto ante la prioridad elegida en plena emergencia habitacional y subrayó que no pedía ningún trato de favor, solo la aplicación de una ley vigente. Ahora el Ayuntamiento estudia expropiar el terreno, lo que obligaría igualmente a pagar un justiprecio. La pregunta que flota en el aire es si las arcas municipales tienen capacidad para esa operación cuando hay un inversor privado dispuesto a asumir el riesgo.
Dos debates distintos, un mismo trasfondo: quién paga y quién decide en la política local menorquina.
