El Consell de Menorca da un nuevo paso en su apuesta por ampliar el parque de vivienda pública en la isla. Tras meses de trabajo previo, la institución prepara ahora un expediente de contratación formal para adquirir bloques de pisos ya construidos y destinarlos al alquiler social y asequible.
El proceso arrancó el pasado mes de mayo, cuando el Consell habilitó un formulario para que propietarios de edificios plurifamiliares presentaran sus ofertas antes del 31 de mayo. La convocatoria buscaba edificios completos y desocupados, sin fijar un presupuesto cerrado en esa etapa inicial.
Al cierre del plazo, se habían recibido nueve propuestas: seis en Maó, dos en Ciutadella y una en Ferreries, que en conjunto suman 53 pisos. Los servicios técnicos del departamento de Ordenación Territorial y Turística se pusieron entonces a analizar la documentación recibida.
Ahora, más de tres meses después, el Consell aclara que aquel proceso fue únicamente una prospección de mercado, orientada a conocer si existían en la isla edificios que cumplieran con sus requisitos. Con esa información sobre la mesa, el siguiente paso es abrir un concurso público al que podrá presentarse cualquier propietario que reúna las condiciones exigidas.
La consellera responsable del área, Núria Torrent, subraya que se trata de un proyecto prioritario y que todo el trabajo realizado ha estado dirigido por los técnicos. También confirma que se han mantenido reuniones con el Govern balear, que ha mostrado buena disposición para colaborar en la financiación.
El presidente del Consell, Adolfo Vilafranca, fue claro al respecto: no se comprará cualquier inmueble ni a cualquier precio. Se realizarán tasaciones y el concurso garantizará que la solución adoptada sea la más adecuada y la más rápida posible para hacer frente al déficit de vivienda pública en Menorca.
Desde la oposición, el conseller socialista Eduard Robsy mantiene sus reservas. Ya en el pleno de junio advirtió de que algunos propietarios pedían entre 334.000 y 400.000 euros por pisos de obra nueva, precios que considera inasumibles. Robsy insiste además en que el Consell debería activar su derecho de tanteo y retracto como vía para adquirir viviendas a precios razonables, y critica que el mensaje político de la iniciativa no coincide con lo que reflejaba el expediente.
El debate sobre la vivienda en Menorca sigue abierto, y el concurso que se prepara será la prueba de fuego para saber si la institución puede convertir sus anuncios en pisos reales para quienes más los necesitan.
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