La Policía Nacional desarticuló una red criminal dedicada a la trata de personas en la localidad madrileña de Parla, liberando a nueve mujeres que eran víctimas de explotación sexual en condiciones de extrema precariedad. La operación culminó el pasado 9 de septiembre con la clausura del piso donde se desarrollaba la actividad y la detención de ocho personas.

Las víctimas fueron captadas mediante falsos anuncios en páginas web en los que se ofrecía trabajo como cuidadora de personas mayores. Una vez en el domicilio, los responsables de la organización les requisaban el pasaporte y las coaccionaban y amenazaban para obligarlas a prostituirse.
Las condiciones de vida dentro del piso eran denigrantes. Las mujeres vivían hacinadas en una habitación abuardillada sin ventilación ni intimidad, debían estar disponibles las 24 horas del día y no podían elegir a sus clientes. Algunas llegaron a dormir y prestar servicios sexuales en el baño o en la terraza por falta de espacio.
Además de la explotación física, el entramado económico también era abusivo. Las mujeres estaban obligadas a pagar una cuota diaria de diez euros por la limpieza del piso, además de otros gastos, todo ello bajo un acuerdo verbal que aprovechaba su situación de vulnerabilidad.
La investigación arrancó en julio, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de esta organización en un inmueble de Parla. Las pesquisas revelaron que el control sobre las víctimas lo ejercían cinco personas que imponían las condiciones mediante métodos coercitivos. Otras dos mujeres, de confianza de los líderes, se encargaban de suministrar estupefacientes para ofrecer y consumir con los clientes.
El dispositivo policial se cerró el 9 de septiembre con la entrada y registro del piso, deteniendo a cinco personas. Al día siguiente fueron arrestadas tres más. En total, ocho detenidos, cuatro hombres y cuatro mujeres, han pasado a disposición judicial acusados de organización criminal, trata de seres humanos con fines de explotación sexual, delitos relativos a la prostitución, a la salud pública y de favorecimiento de la inmigración clandestina.
Entre los efectos intervenidos figuran siete teléfonos móviles utilizados para gestionar las citas, un terminal de punto de venta, 3.000 euros en efectivo, pequeñas cantidades de hachís, marihuana y sildenafil, además de medicamentos y abundante documentación.
Las nueve mujeres liberadas reciben ahora atención por parte de los servicios de apoyo a víctimas de trata.
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