El Partido Popular ha presentado un recurso ante la Audiencia de Sevilla para pedir la reapertura de la investigación sobre la contratación de Francisco Salazar en el Ayuntamiento de Dos Hermanas, exasesor en la Presidencia del Gobierno. El caso gira en torno a una excedencia que, según los populares, se concedió fuera de toda legalidad para facilitar su salto a la cúpula orgánica del PSOE.
El punto central del recurso es la excedencia forzosa con reserva de puesto que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento nazareno aprobó el 30 de junio de 2017, justo cuando Salazar fue designado miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, donde llegaría a ser elegido secretario de Organización, cargo al que finalmente renunció tras ser acusado de comportamientos machistas.
Para el PP, ese acto administrativo no fue un trámite rutinario, sino una decisión que «perpetúa los efectos de la contratación irregular originaria» de 2012, una contratación que la propia jueza del caso reconoció que prescindió de los principios de igualdad, mérito, capacidad y transparencia, aunque archivó la causa por prescripción del delito de prevaricación.
Los populares cuestionan precisamente esa prescripción. Argumentan que los hechos no terminaron en 2012, sino que se prolongaron hasta 2023, año en que Salazar fue reconocido como personal laboral fijo del consistorio. A su juicio, la cadena de actos administrativos forma un todo que debe investigarse en su conjunto.
Hay además un argumento de fondo que los populares consideran clave: un puesto en el organigrama interno del PSOE no es un cargo público. El propio convenio colectivo del Ayuntamiento de Dos Hermanas solo permite conceder excedencias forzosas cuando el trabajador pasa a desempeñar «un cargo público o de representación sindical de ámbito provincial o superior». Un puesto orgánico de partido, insisten, no cumple ese requisito.
Todo ello ocurrió bajo el mandato de Francisco Toscano Sánchez, alcalde de Dos Hermanas durante casi cuatro décadas y conocido padrino político de Pedro Sánchez. El recurso lo menciona expresamente al señalar que «la excedencia de 30 de junio de 2017 fue acordada bajo el mandato del señor Toscano».
El PP concluye que la contratación de Salazar «respondía exclusivamente a motivaciones políticas ajenas al interés público» y pide a la Audiencia que ordene a la jueza reabrir la causa y continuar la investigación.
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