El Ayuntamiento de València pondrá en marcha una línea de ayudas específica para que las comunidades de propietarios puedan modificar sus estatutos y prohibir expresamente la instalación de viviendas de uso turístico en sus edificios. La medida fue anunciada este jueves por la alcaldesa María José Catalá durante el debate del estado de la ciudad.
El consistorio también ofrecerá asistencia jurídica gratuita a aquellas comunidades que decidan emprender acciones legales contra empresas que instalen pisos turísticos sin el consentimiento de los vecinos o incumpliendo la normativa vigente. El conjunto de estas iniciativas ha sido bautizado como «programa de defensa del vecino».
Catalá destacó que la vivienda «es un eje prioritario» para su gobierno y cifró los resultados de la nueva regulación turística aprobada hace unos meses: más de 3.500 plazas turísticas denegadas y multas tramitadas por valor de 1,6 millones de euros.
En materia de turismo, la alcaldesa anunció que la nueva ordenanza de Convivencia prohibirá los grupos de más de 25 turistas, límite que se reducirá a 20 en Ciutat Vella. Los guías que lo incumplan se enfrentarán a multas de 1.500 euros y tendrán vetado el uso de altavoces o megáfonos. Para los grupos en bicicleta se habilitarán itinerarios señalizados y los vehículos Tuk-Tuk quedarán limitados «al máximo que permita la ley». «Queremos acabar con el modelo del turismo low cost», subrayó Catalá.
En cuanto a vivienda pública, el ayuntamiento prevé construir 390 nuevas unidades en barrios como Patraix, donde se proyectan 161, además de Ciutat Vella, Quatre Carreres, Malvarrosa y Torrefiel.
Catalá también avanzó la instalación de 11 nuevos cañones de agua en la Devesa del Saler, que elevarán el total hasta 66, junto con cámaras de vigilancia en los accesos, dentro del sistema Sideinfo. A esto se añade un nuevo plan de cortafuegos frente a incendios forestales.
La alcaldesa presentó asimismo un plan de resiliencia contra el calor 2027-2031 dotado con 10 millones de euros para crear zonas de sombra en la vía pública, colegios y centros deportivos, acompañado de la plantación de 10.000 nuevos árboles en la ciudad.
Por último, el cheque-bebé subirá de 400 a 500 euros a partir de 2027 para recién nacidos y menores adoptados, y se creará un bono lectura infantil para la compra de libros.
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