La Policía Nacional ha desarticulado en Sevilla una organización criminal que se dedicaba a tramitar de manera fraudulenta autorizaciones de residencia para ciudadanos extranjeros, principalmente de origen marroquí. La operación, bautizada como Boni, se ha saldado con 24 detenidos.
La trama utilizaba matrimonios y parejas de hecho ficticias como vía para engañar a la administración y conseguir tarjetas de residencia de forma ilegal. Por cada regularización, la organización cobraba a sus clientes entre 7.000 y 10.000 euros.
La investigación arrancó cuando los agentes detectaron documentación sospechosa que apuntaba a posibles delitos de favorecimiento a la inmigración irregular y falsedad documental. A partir de ese momento, los investigadores fueron tirando del hilo hasta descubrir toda la estructura de la red.
Entre los detenidos destacan dos perfiles clave: un abogado con despacho en la capital hispalense y una mujer a la que la Policía Nacional señala como presunta cabecilla de la organización. Esta última habría ejercido funciones de captación de clientes, coordinación interna y control de las operaciones de la trama.
Para dotar de apariencia legal a los expedientes, la organización fabricaba documentación que simulaba convivencias reales entre personas que, en algunos casos, ni siquiera se conocían. Contratos de arrendamiento, facturas y reservas hoteleras formaban parte del arsenal de papeles falsos que se incorporaban a los trámites administrativos.
Los informes periciales caligráficos realizados durante la investigación revelaron además que una parte significativa de esa documentación habría sido elaborada por una misma persona, lo que apunta a una producción en serie y centralizada al servicio de distintos expedientes.
El peso de la red recaía sobre ciudadanos extranjeros que buscaban regularizar su situación en España y que, ante las dificultades del proceso legal, optaban por pagar grandes sumas de dinero a cambio de una solución rápida y, como se ha demostrado, completamente fraudulenta.
Con los 24 arrestos, la Policía Nacional da un golpe importante a una organización que operaba de forma sistemática y que habría afectado a un número considerable de procedimientos administrativos ante organismos públicos.
Las diligencias continúan abiertas y no se descarta que la investigación pueda deparar nuevas detenciones en las próximas semanas.
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