La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha dictado sentencia condenatoria contra diez hombres que formaban un grupo criminal dedicado a la distribución de cocaína y hachís en distintos puntos de España. Las penas, fruto de un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía y las defensas, oscilan entre los dos años y los cinco años y ocho meses de prisión.
Según el relato de hechos probados, el grupo comenzó su actividad en torno al año 2022. Cada miembro tenía asignado un papel concreto dentro de la organización, desde la adquisición de la droga hasta su transporte y venta final a compradores repartidos por toda la geografía nacional.
Uno de los métodos más llamativos empleados por el clan era el uso de vehículos con compartimentos ocultos, conocidos popularmente como coches caleteados. Estos automóviles eran modificados en un taller ubicado en el municipio de Tomares para albergar tanto la sustancia estupefaciente como el dinero obtenido con su venta, todo ello sin levantar sospechas durante los trayectos. La sentencia menciona expresamente un turismo modelo Dacia Logan que fue adaptado con este fin.
Dos de los acusados suministraban la droga a un tercer integrante, quien se encargaba de transportarla hasta los puntos acordados con los compradores. El cabecilla del grupo, de nacionalidad española, viajaba con cierta frecuencia a República Dominicana y Colombia, estancias que en ocasiones duraban apenas dos o tres días y en otras se prolongaban casi un mes, lo que apunta a sus vínculos directos con los países de origen del narcótico.
Entre los cinco principales acusados figuraba también un hombre de nacionalidad colombiana. A los líderes del clan se les ha impuesto además una multa de 190.000 euros, junto a otras penas accesorias, por delitos de organización criminal, contra la salud pública y tenencia ilícita de armas.
La sentencia pone de relieve la capacidad de este tipo de redes para operar de forma organizada y discreta durante años, apoyándose en infraestructuras locales como el taller de Tomares para eludir los controles policiales. El reconocimiento de los hechos por parte de todos los acusados ha permitido agilizar el proceso judicial y cerrar un caso que destapó un triángulo de distribución de grandes cantidades de cocaína con ramificaciones internacionales.
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