La muerte de dos trabajadores en un accidente de tráfico en la autovía A-67, a la altura de Cartes, ha puesto en el centro del debate las condiciones de seguridad de la flota de vehículos de recogida de residuos en toda la comunidad autónoma.
El trágico suceso ocurrió el pasado viernes a primera hora de la mañana. Los dos hombres fallecidos pertenecían a Depuram S.A., empresa cántabra subcontratada por MARE, y viajaban en un camión de basura que realizaba un adelantamiento cuando el conductor perdió el control del vehículo por causas que aún están siendo investigadas.
Ante los hechos, Comisiones Obreras de Cantabria ha instado a la Inspección de Trabajo a poner en marcha una campaña específica para revisar el estado de toda la flota de camiones de recogida de residuos en los municipios de la región. Desde el sindicato señalan que muchos de estos vehículos acumulan una antigüedad considerable, lo que podría suponer un riesgo para quienes trabajan con ellos a diario.
El sindicato ha exigido además una investigación exhaustiva del accidente y ha reclamado que se empleen todos los medios disponibles para esclarecer las causas y evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse. «Nadie debería morir durante el desarrollo de su trabajo», han subrayado desde la organización, que también ha trasladado sus condolencias a las familias de los fallecidos.
Los datos que maneja CC OO son preocupantes. Cantabria registra al menos diez víctimas mortales en accidente laboral en lo que va de 2026, frente a las seis que se contabilizaron durante todo el año 2025. La comunidad, según el sindicato, va camino de batir máximos históricos en este trágico balance.
UGT Salud Laboral se ha sumado al llamamiento y ha señalado directamente a las empresas como principales responsables de garantizar la protección efectiva de sus trabajadores, instándolas a centrar sus esfuerzos en la prevención antes de que se produzcan nuevas tragedias.
El tramo de la A-67 donde ocurrió el accidente ya fue escenario de otro siniestro mortal hace cuatro años, lo que añade más urgencia a las peticiones de revisión y control que exigen los sindicatos a las administraciones competentes.
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