La Audiencia de Sevilla ha descartado que los responsables del colegio Irlandesas de Loreto puedan ser juzgados penalmente por la muerte de Sandra Peña, la joven de 14 años que se quitó la vida el pasado 14 de octubre de 2025. El tribunal reconoce, sin embargo, que la actuación del centro fue «absolutamente deficitaria» frente al acoso que sufría la menor.
Sandra escribió sus cartas de despedida durante una clase de Matemáticas y, al salir del colegio, subió a la azotea de un edificio de la calle Rafael Laffón sin pasar por casa. Perdió la vida sobre las tres de la tarde.
Desde el primer momento, la familia denunció que su hija llevaba tiempo siendo víctima de bullying por parte de tres compañeras y que los responsables del centro tenían conocimiento de ello. El caso sacudió a la opinión pública sevillana y protagonizó semanas de debate en medios y redes sociales.
Los padres de Sandra, asesorados por sus abogados, intentaron que el director, la jefa de estudios, la tutora y la orientadora respondieran penalmente por un presunto homicidio imprudente por omisión. Una acusación difícil de sostener jurídicamente desde el principio.
Primero el juzgado de instrucción y ahora la Audiencia de Sevilla han rechazado esa vía. El tribunal explica que, aunque hubiera existido una omisión del deber de cuidado, «no existe la relación de causalidad directa que se exige en Derecho Penal» entre esa negligencia y el fallecimiento de la joven. Además, apunta que Sandra tenía «otros muchos problemas» que le afectaban de forma significativa.
Eso sí, los magistrados no ahorran críticas al colegio. Califican su respuesta ante el acoso como contraria a la urgencia que exige el protocolo oficial, y subrayan que las medidas adoptadas fueron tan leves que «no surtieron efecto».
El asunto, por tanto, no queda del todo cerrado. La Audiencia abre la puerta a que la familia emprenda acciones civiles o administrativas contra el centro. Por otro lado, la Fiscalía de Menores mantiene abierto un expediente de reforma contra las tres presuntas acosadoras, cuya instrucción estaría próxima a concluir.
El caso de Sandra Peña deja una herida abierta en la comunidad educativa sevillana y pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿son suficientes los protocolos anti-acoso en los colegios, o se aplican demasiado tarde y con demasiada timidez?
