Las cifras hablan por sí solas. La provincia de Sevilla ha perdido casi 29.000 alumnos en los últimos cinco años, una caída que refleja con dureza el impacto de la crisis de natalidad en los centros educativos sevillanos y que obliga a repensar el mapa escolar de toda la provincia.
Según los datos facilitados por la Junta de Andalucía, en el curso actual hay 365.610 estudiantes matriculados entre Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. En el curso 2022-23 esa cifra alcanzaba los 394.572. La diferencia, de 28.962 alumnos, supone una reducción del 7,3 por ciento en apenas un lustro.
Solo en el último curso se han perdido 8.152 alumnos. Para hacerse una idea de lo que eso significa, es el equivalente a 400 aulas de 20 niños. Una cifra que deja de ser un dato frío cuando se piensa en pasillos vacíos, patios más silenciosos y colegios que ya no consiguen llenar ni una sola línea por nivel.
El descenso no afecta por igual a todas las etapas. La que más sufre es la que agrupa el segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial, que ha pasado de 177.451 alumnos a 160.667, una caída del 9,5 por ciento. La etapa de Secundaria, Bachillerato y FP también retrocede, aunque de forma más contenida, con 12.178 estudiantes menos, un 5,6 por ciento.
Lo más preocupante es que no se trata de un bache puntual. Los números muestran una tendencia sostenida curso a curso, sin señales de recuperación a la vista. Y lo que viene puede ser aún más profundo, dado que los niños que hoy no están naciendo son los que llenarían las aulas dentro de tres o cuatro años.
Las consecuencias ya se notan en el terreno. Muchos centros han pasado de dos unidades por curso a una sola. En algunos barrios de la capital, hay colegios que no logran completar ni esa. El pasado curso, la fusión del CEIP Ignacio de Loyola con el CEIP San Juan de Ribera fue el primer ejemplo visible de lo que podría convertirse en una tendencia: la unión de colegios como única salida ante la falta de alumnado.
El reto para las administraciones es evidente. Adaptar la red educativa a una realidad demográfica que cambia más rápido de lo que se preveía no admite más demoras.
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