Una familia propietaria de un ático en pleno centro de León ha recuperado su vivienda tras varios meses de conflicto con una inquilina que, según aseguran, solo abonó la fianza y el primer mes de alquiler. El lanzamiento judicial se ejecutó el pasado 8 de septiembre, poniendo fin a un proceso que los afectados describen como agotador.
El inmueble, ubicado en el edificio Roldán, entre las calles Legio VII y Santo Domingo, se puso en alquiler a finales de 2024. La arrendataria que finalmente se quedó con el piso se presentó como arquitecta con proyectos en Estados Unidos, Portugal e Ibiza. Según la familia, transmitía confianza y cercanía. El contrato se firmó el 1 de febrero de 2025, aunque las llaves se entregaron a mediados de enero.
A partir de marzo comenzaron los problemas. La inquilina alegó fallos en la caldera y el mal estado de los colchones para justificar el impago. Los propietarios le ofrecieron rescindir el contrato, pero ella se negó a marcharse.
Las sospechas sobre el uso de la vivienda no tardaron en aparecer. Según la familia, la arrendataria instaló alarmas en todas las estancias y colocó candados en cada habitación. Los propietarios creen que el piso pudo haberse usado para realquilar habitaciones, posiblemente relacionado con otros inmuebles que la mujer tendría vinculados a su actividad en la plaza Mayor. Ante la situación, contrataron a un detective privado. Cuando la arrendataria lo supo, aseguran que les amenazó con denunciarlos.
En abril de 2025, la familia presentó denuncia por impago y el caso llegó a los tribunales. Durante el procedimiento, la mujer alegó vulnerabilidad, la presencia de un hijo menor y ser víctima de violencia de género. Los propietarios cuestionan estas alegaciones y señalan que tanto ella como su hijo estarían empadronados en Ibiza, pese a lo cual el Ayuntamiento de León habría emitido un certificado de vulnerabilidad.
El día previo al lanzamiento, la arrendataria solicitó una nueva suspensión argumentando que había cambiado de abogado. El juzgado rechazó la petición al considerar que la situación era consecuencia de sus propias decisiones.
Los propietarios reconocen que el proceso se resolvió con más celeridad que otros casos similares, aunque advierten que la misma mujer podría estar involucrada en conflictos parecidos en la ciudad. Un aviso que, por experiencia propia, lanzan a futuros arrendadores.
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