Sevilla lleva cuarenta años en el furgón de cola de la inversión pública estatal. Así lo confirman los datos oficiales del propio Gobierno, que sitúan a la provincia en el último puesto de toda la España peninsular en esfuerzo inversor por residente entre 1985 y 2026. Solo Ceuta registra cifras peores.
El contraste es demoledor. Mientras la media nacional se sitúa en torno a los 318 euros por habitante y año, Sevilla apenas alcanza los 242 euros en ese mismo periodo. Una brecha de más de 75 euros por persona y año que, acumulada durante cuatro décadas, representa un déficit estructural de proporciones históricas para la cuarta provincia de España por población y actividad económica.
La condición de capital autonómica no ha servido de escudo. Tampoco su peso demográfico ni su relevancia económica. La provincia ha recibido menos inversión per cápita que territorios como Madrid, Barcelona, Valencia o Alicante, que también salen perjudicados respecto a provincias despobladas, pero que aun así superan a Sevilla en el cómputo final.
El desglose por áreas no deja margen al optimismo. En infraestructuras portuarias, Sevilla se encuentra entre las cuatro provincias con menor inversión por habitante de todo el país. En ferrocarril, el impulso del AVE de 1992 quedó diluido con el tiempo, y la red de Cercanías presenta la mayor distancia media entre estaciones del conjunto español, con 6,3 kilómetros. En carreteras, comparte los últimos puestos con Cádiz, Alicante y Barcelona.
A este déficit acumulado se suma otro problema que agrava aún más la situación: el grado de ejecución real del gasto presupuestado. Entre el actual Gobierno central se ha certificado apenas el 38% de lo prometido en infraestructuras para el área metropolitana. Es decir, el dinero aparece en los presupuestos, pero no llega a convertirse en obra real sobre el terreno.
Dentro de Andalucía, Sevilla cierra el ránking provincial con 242 euros por habitante acumulados, por detrás de Huelva con 268, Jaén con 274, Córdoba con 302 o Granada con 289. Málaga, con 338 euros, lidera la comunidad y supera la media nacional.
Los datos, procedentes de organismos como la AIReF, la IGAE y el IVIE, ofrecen una radiografía que va más allá de cualquier debate político puntual. Cuatro décadas de infrafinanciación en infraestructuras no son una anécdota: son una hipoteca que pesa sobre el desarrollo y la competitividad de toda la provincia.
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